Dinámicas de la vulnerabilidad y gestión de la crisis
sanitaria por
COVID-19 en Cuba
Dynamics of vulnerability and COVID-19
health crisis management in Cuba
Población vulnerable y COVID-19 en Cuba
Anidelys Rodríguez-Brito1*, Dasniel Olivera-Pérez2,
Oscar Alfonso Martínez-Martínez3
*Correspondencia: arodriguez@cmq.edu.mx/Fecha
de recepción: 14 de abril de 2021/Fecha de aceptación: 25 de febrero de
2022/Fecha de publicación: 21 de julio de 2022.
1El Colegio
Mexiquense, A.C., Seminario de Población, Cultura y Sociedad, Santa Cruz de los
Patos, Zinacantepec, Estado de México, México, C.P. 51350. 2Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México. 3Universidad
Iberoamericana, Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Ciudad de
México, México.
Resumen
El COVID-19 ha visibilizado las
inequidades sistémicas, multiplicado las condiciones de vulnerabilidad y
descubierto la incapacidad de numerosas instituciones públicas para responder a
la pandemia. El objetivo del presente trabajo fue analizar y contextualizar la
gestión de la crisis sanitaria en Cuba, así como la atención a grupos
vulnerables durante el primer año de la pandemia. La investigación se sustenta
en un enfoque mixto que combina el análisis cualitativo de contenido con el de
datos estadísticos procedentes de fuentes primarias y secundarias. Los
hallazgos revelaron que más de la mitad de la población cubana es vulnerable
ante COVID-19 por factores como edad, género, raza, salud física, condiciones
del hogar y limitaciones para acceder a derechos básicos asociados a
alimentación de calidad, vivienda digna y servicios de agua potable. Las estadísticas epidemiológicas recabadas entre marzo
de 2020 y marzo de 2021 muestran una gestión de la crisis sanitaria adecuada a
partir de la articulación gubernamental con la gestión científica y tecnológica y la infraestructura de salud
pública y universal. Sin embargo, existen estrategias contradictorias en la
atención a la población en riesgo, que profundizan desigualdades previamente
existentes y dinamizan y amplían la
condición de vulnerabilidad. COVID-19 constituye una ventana de
oportunidad para pensar estrategias de
desarrollo desde un modelo de política social integral.
Palabras clave: población vulnerable, política social,
gestión de la salud pública, COVID-19, Cuba.
Abstract
COVID-19 has made
visible systemic inequities, multiplied vulnerability conditions, and uncovered
the lack of capacity of numerous public institutions to respond to the
pandemic. The paper aims to analyze and
contextualize the health crisis management, as well as vulnerable groups’ care
in Cuba during the first year of the pandemic. For this purpose, a mixed
approach was selected, which combines
qualitative content analysis with statistical data obtained from primary
and secondary sources. Findings revealed that more than half of the Cuban
population is vulnerable to COVID-19 due to factors such as age, gender, race,
physical health, living conditions, and limitations to access to basic rights associated to quality food, dignified
housing, and potable water rights. Epidemiological statistics collected
between March 2020 and March 2021, show an
adequate management of the sanitary contingency based on the coordination of governmental structures with
scientific and technological sectors and public and universal health
infrastructure. However, there are contradictory strategies in caring for
vulnerable populations that deepen previously existing inequalities and
dynamize and extend vulnerability conditions. COVID-19 constitutes a window of
opportunity to rethink country development strategies from a comprehensive
social policy model.
Keywords: vulnerable population, social
policy, public health management, COVID-19, Cuba.
INTRODUCCIÓN
La noción de
vulnerabilidad social suele ser empleada
con una función taxonómica para identificar la situación de personas y familias
que vienen y van entre las condiciones de
pobreza y no pobreza (Kaztman y col., 1999). De acuerdo con Moreno (2008), de ahí proviene una
concepción bastante extendida del término, que refiere un estado o situación de
afectación, incertidumbre, fragilidad, inestabilidad y/o precariedad en
cualquiera de los ámbitos esenciales para el bienestar de individuos y grupos. “La
vulnerabilidad agrega complejidad al estudio sistemático de las diversas
formas de desigualdad” (p. 13).
Siguiendo con Moreno
(2008: 14-15), otra definición de la vulnerabilidad se formula desde la noción
de riesgo, es decir, introduce la contingencia y la multiplicidad de factores y
consecuencias negativas resultado de decisiones individuales y colectivas que
configuran situaciones de fragilidad. Dicha propuesta busca aprehender las dimensiones asociadas a la desigualdad
dinámica. Al respecto, el autor establece que la relación entre vulnerabilidad social y desigualdad dinámica
reconoce la “persistencia en el tiempo de situaciones de inestabilidad e incertidumbre que afectan selectivamente a
individuos o poblaciones y que tienden —progresivamente— a diferenciarlos de
otras categorías sociales”. Estos elementos diferenciadores tienen lugar a partir de la exclusión/privación, temporalmente variable, de recursos fundamentales
que permiten alcanzar distintos fines sociales o conservar algunos niveles de
bienestar. Dicha tendencia de acuerdo con este investigador sitúa las fuentes
de la desigualdad a nivel del individuo y sus redes de relaciones y obvia cuestiones estructurales asociadas al
problema de la redistribución de los recursos.
Ahora bien, el
riesgo, la incertidumbre y la inestabilidad
se han convertido en nociones globalizadas e imprescindibles para entender la
vida social de millones de personas en todo el mundo durante el COVID-19. La extensión en el tiempo de las medidas de contención/mitigación
ante la crisis sanitaria ha ampliado las dinámicas
de la desigualdad y, con ello, reconfigurado la composición de los grupos
vulnerables. A los adultos mayores, personas con comorbilidades, minorías
raciales, étnicas, sexuales y de género, personas con discapacidades y en
situación de pobreza se suman quienes no tienen acceso a los servicios de
salud, los que perdieron repentinamente los
ingresos, el acceso al apoyo social y carecen de las condiciones financieras, mentales, emocionales o físicas para
enfrentar la crisis (Gray y col., 2020; The Lancet,
2020). La pandemia ha puesto de relieve las marcadas disparidades dentro de la
sociedad y es probable que las exacerbe (Patel y col., 2020).
El COVID-19 ha hecho más visibles las
inequidades sistémicas, ha profundizado las asimetrías sociales y multiplicado
las condiciones de vulnerabilidad (Gray y col., 2020) al tiempo que ha puesto
al descubierto la incapacidad de numerosas
instituciones públicas en el mundo para estimar, identificar (The Lancet, 2020) y responder con políticas eficaces e
integrales ante los crecientes retos de la pandemia.
De 11 181 595
habitantes en Cuba, más de 2 millones
sobrepasan los 60 años de edad. Y más del 50 % de ellos padece al menos
hipertensión arterial, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e
Información (ONEI, 2019a). Además, el
51 % de la población cubana se encuentra en riesgo de pobreza de
ingresos (Everleny, 2019). Lo anterior, aunado a las condiciones del hogar y las limitaciones
económicas del país, profundizan y
amplían las vulnerabilidades ante la pandemia (Patel y col., 2020).
Al 11 de marzo de 2021, un año después de
detectado el primer caso de COVID-19 en Cuba,
la tasa de letalidad era de 0.61 %, con 365 fallecidos de 59 919 casos
confirmados (COVID19CUBADATA, 2021). Sin embargo, es importante
mencionar que poco después de este periodo,
el país experimentó una gran ola de
contagios. Entre el 11 de marzo y el 1 de noviembre de 2021, el número
de casos confirmados aumentó en 893 264 y
murieron 7 881 personas, lo que provocó el colapso de los servicios de
atención médica hospitalaria (COVID19CUBADATA, 2021). Además, tuvieron lugar
las protestas sociales más grandes en décadas,
donde fue notable la participación de poblaciones vulnerables. Por su lado, la
inflación y la carestía de la vida
han precarizado el acceso a
condiciones de bienestar (Lima, 2021). Desde el punto de vista sanitario, se presentaron tres vacunas nacionales para
su aprobación (Abdala, Soberana 02 y
Soberana Plus) ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se desarrolló
una campaña de vacunación que ha incluido hasta niños de 2 años (EFE, 2022).
El COVID-19 llegó en
un escenario de crisis económica. A las fallas acumuladas del modelo económico cubano se
sumaron la contracción del comercio exterior, la disminución del turismo internacional, el aumento del gasto en
salud pública y el endurecimiento de las sanciones del gobierno estadounidense.
Aunado a ello, las medidas de reordenamiento económico y el proceso de
unificación cambiaria y monetaria han tenido
un impacto negativo en la satisfacción de necesidades de primer orden (Monreal, 2020b).
En estas circunstancias, resulta
pertinente indagar sobre las variables clínicas, demográficas y socioeconómicas
que amplían la definición de población vulnerable ante COVID-19 en el país, así como los elementos que explican la gestión
de la crisis sanitaria y la atención diferenciada
a la población vulnerable en el contexto de reordenamiento económico
iniciado en 2021.
El presente trabajo
tuvo como objetivo analizar y contextualizar la gestión de la crisis sanitaria
en Cuba, así como la atención a grupos vulnerables durante el primer año de la
pandemia COVID-19.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
La investigación
emplea una perspectiva de procedimientos
mixtos que permite recuperar e integrar los
métodos, las técnicas y los datos cuantitativos
y cualitativos en función de una comprensión más profunda del objeto de estudio
(Pardo, 2011). La estrategia
metodológica se sustentó en la integración del análisis cualitativo de contenido y el de datos estadísticos procedentes
de fuentes primarias y secundarias.
Análisis
cualitativo de contenido y de datos estadísticos
El análisis de
contenido permitió realizar interpretaciones de los textos e inferencias sobre
los contextos. Esta técnica es útil para estudios de carácter cualitativo,
donde se “procede de forma cíclica y circular y no de forma secuencial lineal”
(Ruiz e Ispizua, 1989). Los datos
obtenidos se contrastaron y complementaron con estadísticos descriptivos, lo
que permitió ampliar la interpretación de contexto.
Asimismo, el análisis de la información
conseguida se efectuó mediante la combinación
de dos lógicas que pueden usarse de forma iterativa: la deductiva, que se aplicó para revisar la información
científica, y la inductiva, que se empleó
para el análisis y proceso de la información empírica.
La interacción con los textos y los datos
empíricos permitió a) identificar las variables que amplían la definición de
población vulnerable en Cuba ante COVID-19,
y que abarcan variables clínicas asociadas a la edad y las
comorbilidades, así como factores socioeconómicos y culturales; b) analizar y
determinar los factores que han incidido en la gestión de la crisis sanitaria;
y c) analizar las acciones encaminadas a atender a la población vulnerable. De
acuerdo con los propósitos del trabajo, el análisis de datos cualitativos y
cuantitativos se estructuró a partir de las
siguientes dimensiones analíticas:
a) Población
vulnerable en Cuba:
- Variables clínicas asociadas a la edad y las comorbilidades
- Factores socioeconómicos y culturales de riesgo
-
Limitaciones en el acceso a derechos sociales básicos
b) Factores
determinantes en la gestión de la crisis sanitaria (Boin
y col., 2013):
-
Reconocimiento temprano
- Toma
de decisiones críticas
-
Coordinación vertical y horizontal de los diferentes actores
- Acoplamiento de la gestión sanitaria con otros
sistemas críticos (económicos y tecnológicos)
c) Estrategias de
atención a la población vulnerable:
- Medidas de adoptadas para la contención/mitigación
-
Medidas adoptadas como parte de la desescalada o nueva normalidad
Selección
de materiales y muestra
Los datos fueron
recolectados a través de fuentes documentales primarias (Tabla 1), en este
caso, artículos académicos, publicaciones de fuentes expertas, reportes periodísticos, protocolos de salud y comunicados institucionales, que proporcionaron
información y perspectivas sobre los procedimientos, concepciones, decisiones e impactos de la gestión de las autoridades cubanas ante la pandemia y las acciones encaminadas
para atender a la población vulnerable.
De manera
complementaria, se analizaron fuentes secundarias (Tabla 1) con información
estadística en bases de datos de acceso abierto nacionales e internacionales,
además de los datos proporcionados
por autoridades gubernamentales y
sanitarias.
Análisis
integrado
El proceso de
codificación posibilitó resumir,
condensar y reducir los datos, así como conformar
un sistema de clasificación referido a las variables que explican la
población vulnerable ante la pandemia y su
atención diferenciada en la gestión pública de la crisis.
Los resultados del análisis cualitativo
de fuentes documentales primarias,
contrastados con el análisis de los datos
estadísticos, permitieron poner en
contexto la naturaleza dinámica de la vulnerabilidad en Cuba ante la
pandemia, la gestión sanitaria y las áreas
de oportunidad en el diseño de políticas sociales para la atención
integral a la población vulnerable.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los hallazgos cualitativos y
cuantitativos se integraron a partir de las tres dimensiones analíticas del
estudio. Así, el primer apartado contiene la población vulnerable ante COVID-19
según variables clínicas, socioeconómicas y culturales. El segundo comprende los factores que explican la
gestión de la crisis sanitaria (Boin y col., 2013),
el tercero presenta las contradicciones de
las estrategias de atención a la población vulnerable a partir de analizar las
medidas adoptadas como parte de la estrategia de contención/mitigación de la
pandemia, así como en la etapa de
desescalada. Vale apuntar que el
estudio se circunscribe a una parte de la crisis progresiva (Boin y col., 2020) que vivió el país durante el primer año de la pandemia.
Población
vulnerable en Cuba ante COVID-19
Cuba es una de las
naciones con más población envejecida de Latinoamérica. Entre 2015 y 2030 la
proporción de personas de 60 años o más aumentará un 12.8 %, estimación que lo
sitúa como el país con mayor incremento en este indicador a nivel mundial,
según la Organización de las Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés: United Nations) (UN, 2015). Los
adultos mayores representan el 20.4 % de la población (2 286
948 personas). El 25 % de ellos tiene 2 padecimientos crónicos, poco más
del 19 % presenta entre 3 y 4 comorbilidades
y casi el 6 % sufre 5 o más
enfermedades, de acuerdo a la Oficina
Nacional de Estadística e Información, Centro de Estudios de Población y
Desarrollo, Ministerio de Salud Pública, Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (ONEI/CEPDE/MINSAP/CITED, 2019).
Entre las 10 principales
causas de muerte figuran
enfermedades cardiovasculares, influenza, neumonía, afecciones crónicas de las
vías respiratorias inferiores y diabetes
mellitus, y significan más de la tercera parte de los fallecimientos anuales
(ONEI, 2019b). Estas patologías coinciden con las documentadas entre pacientes
que desarrollaron síntomas graves o fallecieron por COVID-19 en China (Guan y
col., 2020).
En general, uno de cada 5 habitantes del
país padece de hipertensión arterial, 9 de cada 100, asma bronquial, y 6 de cada 100, diabetes mellitus. Al sumar los adultos
mayores y las personas menores de 59
años con hipertensión arterial, la población de riesgo ante COVID-19 en
2020 se estimaba en 3 millones (sin considerar asmáticos y diabéticos) (ONEI,
2019b).
La vulnerabilidad más allá de las comorbilidades
Las últimas cifras oficiales del
coeficiente de Gini, en Cuba, datan de 1999,
entonces los datos indicaban un preocupante crecimiento de la
desigualdad social “medido por un empeoramiento
del 85 % en el coeficiente de Gini en el periodo de 1986 a 1999”
(Monreal, 2017). Este dato debe analizarse tomando en consideración factores como la transformación del mercado
laboral (de uno mayoritariamente estatal, con reducidas diferencias de salario,
a un mercado heterogéneo, en el que el margen de percepción salarial es más
amplio); la presencia creciente de fuentes de
ingresos, como las remesas en numerosos hogares; la multiplicidad
monetaria y cambiaria; y una moneda nacional débil (peso cubano, CUP), que
coloca en condiciones de desventaja a los
trabajadores del sector estatal en
relación con quienes obtienen ingresos en otras monedas (Monreal, 2017).
Por ejemplo, el acceso de las mujeres
al ámbito no estatal es muy limitado y
representa solo el 18 %, en contraste con el sector estatal, donde las
mujeres constituyen el 45.8 % de la
fuerza productiva (ONEI, 2019a). El ingreso proveniente del sector privado de
las personas negras y mestizas es inferior al de las personas blancas, debido
al tipo de actividad diferenciada que desempeñan
unos y otros (Hansing y Hoffmann, 2019).
Aunque programas sociales de acceso
universal y gratuito (por ejemplo, salud y educación) ayudan a contener la creciente desigualdad que permea la sociedad
cubana, en el país existe “una masa significativa de personas con riesgo de
pobreza de ingresos” (Everleny, 2019). Considerando
pensionados, beneficiarios de la asistencia social, fuerza de trabajo que
percibe remuneraciones por debajo del salario medio y la composición de los
núcleos familiares, los autores estimaron que aproximadamente el 51 % de la
población cubana se encuentra en riesgo de ser
pobre de ingresos. Si bien, la definición multidimensional de la pobreza
rebasa la adopción de una “línea de pobreza” y la cuantificación de las
carencias materiales, la estimación permite un acercamiento a la relevancia del
problema y amplía considerablemente la población vulnerable ante COVID-19 en el país (Everleny,
2019).
El nuevo coronavirus llega a Cuba en
medio de fuertes limitaciones económicas. Entre 2018 y 2019 se registró una
caída de la producción agrícola y de alimentos de origen animal y una
disminución en las importaciones de alimentos
debido a las restricciones de divisas de la economía cubana. La crisis
económica asociada al COVID-19 y la salida de ésta profundizan la “pérdida de
dinamismo económico” (Monreal, 2020a).
La situación económica nacional se
explica, entre otros factores, por el endurecimiento de la política de
sanciones de Estados Unidos hacia el país y su repercusión en las operaciones
financieras internacionales, las contradicciones
del proceso de reformas iniciado en 2011 y la persistencia de factores
internos que inciden en la dinámica económica —como la baja productividad y
descapitalización de las estructuras productivas y de la industria— (Serbin, 2019).
El deterioro de las condiciones
económicas del país ha atentado contra la implementación de las medidas de
aislamiento, toda vez que el acceso a alimentos y productos de primera
necesidad ha sido limitado y esporádico. El conjunto de disposiciones
orientadas a la prevención/mitigación ha implicado distanciamiento físico y
afectivo, paralización de la actividad económica y suspensión de labores de
centros educativos, deportivos, recreativos y culturales, lo que coloca en
mayor vulnerabilidad a personas discapacitadas, mujeres —con sobrecarga en los
quehaceres de cuidados— y niños. Asimismo, entre los grupos de tareas
esenciales, el personal sanitario es particularmente vulnerable, que en el caso
de Cuba está constituido por mujeres en un 71 %, de acuerdo con el MINSAP
(2019).
Es importante considerar que, las dos
estrategias más comúnmente recomendadas: mantener la distancia social y lavarse
frecuentemente las manos —“no son fáciles
para los millones de personas que viven en comunidades muy densas, en viviendas precarias o inseguras, saneamiento deficiente y sin acceso a agua
potable” (The Lancet, 2020).
En Cuba, el aseo de manos constante
requiere un esfuerzo adicional para más de 4 millones de personas que carecen
de agua entubada dentro del hogar. También la composición familiar y las
condiciones del hogar inciden en el cumplimiento de las dos medidas sanitarias
consideradas estratégicas y pueden acentuar la situación de vulnerabilidad de
la población ante la pandemia. En el 39.8 % de los hogares cubanos vive al
menos una persona de 60 años o más, y el 7.4 % de los hogares se compone por un
adulto mayor que vive solo (ONEI, 2014).
En 2018, el 39 % del fondo habitacional
se encontraba en condiciones malas o regulares, el 5 % presentaba precariedad —como pisos de tierra, cuarterías, edificios
críticos—, y existía un déficit de 929 695 viviendas (Figueredo y Romeo, 2018).
Los municipios con el mayor número de casos positivos al nuevo
coronavirus fueron también los de mayor
densidad poblacional, hacinamiento, presencia de centros de servicios y
comerciales, y cantidad de personas mayores de 60 años que padecen enfermedades
crónicas de riesgo al COVID-19. El patrón de distribución espacial
urbano de la enfermedad en La Habana muestra
una clara relación entre la incidencia de la enfermedad y las áreas de
salud clasificadas en los rangos de muy alta y alta vulnerabilidad en municipios como Centro Habana, Habana Vieja y
Cerro (Rodríguez y col., 2020).
La población
vulnerable en Cuba ante COVID-19 incluye a mujeres, niños, personal de la salud, personas
discapacitadas, personas negras y mestizas y adultos mayores. Comprende tanto
a grupos en riesgo de pobreza de ingresos como a aquellos con limitaciones para
acceder a derechos sociales básicos asociados a la alimentación de calidad, vivienda digna y servicios de agua potable.
La
gestión de la crisis sanitaria en Cuba
Desde enero de 2020 se comenzó a trabajar
en la articulación de “la gestión
gubernamental con la gestión científica y tecnológica y el conocimiento
experto” (Díaz-Canel y Núñez, 2020) para atender al nuevo coronavirus. Dos días
después de la confirmación del primer caso en el país comenzaron a anunciarse
medidas de mitigación y contención orientadas a la suspensión de eventos,
control de fronteras, cierre de escuelas y universidades, suspensión de
actividades no esenciales y aislamiento social (Domínguez y García, 2020).
La integralidad de las medidas, así como
la lectura política y sanitaria de los tiempos oportunos para tomar cada una de
ellas han sido clave en el enfrentamiento a
la pandemia. La comprensión de la rigurosidad y oportunidad de las
medidas adoptadas en Cuba y su carácter holístico debe entenderse a la luz de
una política social que históricamente ha privilegiado la equidad y ha
considerado de manera amplia e integral al ser humano y sus necesidades básicas
(Espina, 2012).
Los resultados de las
acciones institucionales emprendidas dependen también del entendimiento colectivo de la naturaleza de la
amenaza (Boin y col., 2013). En el caso de Cuba, la actuación
ciudadana ha estado mediada por algunos factores sociológicos y
culturales como la noción de familia y
comunidad, el alto valor social
conferido al personal médico, la legitimidad de las instituciones de salud y
una cobertura mediática amplia y sistemática orientada a la prevención y la educación en salud.
Pero tal vez el
principal acierto del caso cubano está asociado al protocolo de atención
médica. Como parte del mismo destaca “la pesquisa activa, la clasificación de
los casos, el seguimiento a los contactos, el tratamiento a los grupos
vulnerables y el monitoreo a las altas de los casos confirmados” (MINSAP, 2020)
realizado diariamente por el programa Atención Primaria de Salud. Esta
estrategia ha sido medular en la protección de grupos de riesgo y el acceso temprano de los casos sospechosos a la atención médica, lo
cual aumenta las posibilidades de supervivencia.
Como parte del
Protocolo de actuación nacional para el COVID-19 (MINSAP, 2020), hasta el 11 de
marzo de 2021 Cuba había realizado 2 612 274 test PCR (Reacción en Cadena de la
Polimerasa, por sus siglas en inglés: Polymerase Chain Reaction),
con un 2.29 % de positividad
(COVID19CUBADATA, 2021), datos que explicitan la magnitud de la epidemia, su
manejo y control adecuado.
Los aspectos
anteriores deben ser analizados tomando en consideración la infraestructura en
salud cubana y la capacidad de respuesta de su comunidad científica. Según el
Banco Mundial (2020), para 2013 el país contaba con 5.2 camas hospitalarias por
cada 1 000 habitantes. En 2016 se contabilizaban 8.19 médicos por cada 1 000
habitantes —el per cápita más
alto del mundo—, y en 2014, la inversión en
salud alcanzó el 11.1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Para atender la
crisis sanitaria se acondicionaron 20
hospitales —5 000 camas para pacientes COVID-19 y 472 de terapia intensiva—, 54 centros para sospechosos, 248
centros de vigilancia de contactos y 40 para
la atención a viajeros (Alonso y col., 2020b). Además, las
intervenciones profilácticas y terapéuticas de los servicios mencionados
incluyen el nivel comunitario (MINSAP, 2020).
La capacidad de respuesta de la comunidad
científica cubana se evidencia en todas las
áreas de control de la enfermedad, en “la prevención del contagio y la
prevención de la gravedad de los pacientes más vulnerables”, en el “tratamiento de la enfermedad moderada y de la enfermedad severa” y en la “recuperación de los
pacientes curados, buscando la reducción de posibles secuelas” (Martínez y col., 2020).
Además, el carácter público de la
industria biofarmacéutica y sus “capacidades
de producción y de investigación científica a través de redes de
colaboración multisectorial ha sido una de sus fortalezas” y ha impactado en la
“obtención de resultados en corto tiempo” y en la efectividad de las respuestas
a “la demanda del sistema de salud para el enfrentamiento al COVID-19”
(Martínez y col., 2020). Al respecto, destaca el registro del candidato vacunal
cubano Soberana 01 (nombre comercial), el primero de Latinoamérica y de un país
tercermundista, en agosto de 2020. Hasta el 30 noviembre de 2021, el país
disponía de otras 3 vacunas nacionales contra COVID-19: Abdala, Soberana 02 y
Soberana Plus, y el 82.2 % del total de la población contaba con esquema de
vacunación completo.
Varios factores externos e internos
permiten comprender estos resultados. Entre
ellos, son mencionables las modificaciones en el sistema regulatorio mundial,
que han acortado los plazos sin afectar la seguridad de los
procedimientos de ensayos clínicos, en conjunto con la elevada producción de
conocimiento científico de acceso público sobre el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-COV-2, por sus siglas en inglés: Severe Acute Respiratory
Syndrome) y el espíritu colaborativo que ha
prevalecido entre la comunidad científica
internacional. Esto ha posibilitado entender mejor el nuevo coronavirus y, en consecuencia, emplear procedimientos
y experiencias de las instituciones científicas cubanas, como el antígeno principal
(RBD, por sus siglas en inglés: Receptor Binding Domain) y las plataformas vacunales existentes en el país (Alonso y col., 2020a). También
sobresalen la capacidad de adaptación,
la gestión del conocimiento en tiempo
real y las alianzas institucionales entre el Instituto Finlay
de Vacunas, el Centro de Inmunología Molecular, la Universidad de La Habana, el
grupo BioCuba Farma y el
MINSAP (Díaz-Canel y Núñez, 2020).
La gestión de la crisis sanitaria del
primer año de la pandemia en Cuba permite
apreciar la efectividad en aspectos
señalados por Boin y col. (2013), como el
reconocimiento temprano, la integralidad y oportunidad de las medidas, el
entendimiento colectivo de la naturaleza de la amenaza, la cooperación y el
involucramiento ciudadano, la toma de decisiones críticas, la coordinación
vertical y horizontal de los diferentes actores y la capacidad de improvisar y experimentar. Sin embargo, como indican
los autores, no puede decirse lo mismo del acoplamiento de la gestión sanitaria
con otros sistemas críticos y la atención a la población vulnerable, como se
verá enseguida.
La
atención a la población vulnerable desde la gestión pública
En la gestión pública cubana ante
COVID-19 es posible identificar dos grupos de medidas importantes en relación
con la atención diferenciada a la población vulnerable. El primero se centró en
la contención/mitigación de la epidemia, y el segundo se dirigió a la
desescalada o nueva normalidad.
El primero se orientó
a la redistribución de bienes
a partir de fondos sociales de consumo (Tabla 2), distintivos de la política
social cubana, en un intento por crear espacios de igualdad universales,
masivos y con facilidad de acceso (Espina, 2016).
El segundo, enfocado
a la recuperación económica,
formalizó y profundizó la desigualdad previamente existente en la sociedad. Entre las medidas de urgencia en el tránsito a la nueva normalidad, el gobierno cubano abrió supermercados
que remarcaron la diferenciación social
y limitaron el derecho al consumo de bienes básicos —inexistentes en los
mercados formales en moneda nacional—
a la tenencia de divisas extranjeras
(Monreal, 2020b).
Esta división entre
“el ingreso derivado del trabajo
y el acceso a los mercados de productos
de primera necesidad no es compatible con el crecimiento económico ni con el desarrollo. Es,
además, políticamente contraproducente” (Monreal,
2020b). Supone una contradicción con la “humanización” de las necesidades
propias del socialismo, al despojar de
intencionalidad social a la economía (Espina, 2016).
Las medidas económicas asociadas a la
llamada “Tarea Ordenamiento”, iniciada en enero de 2021, incluyeron un proceso
de unificación cambiaria y monetaria y reajustes
salariales que no se correspondieron, en todos los casos, con el aumento de precios y la eliminación de
subsidios en algunos sectores. Asimismo, las
modificaciones a los precios
minoristas para diferentes productos, entre ellos medicamentos y
alimentos de la canasta básica, profundizaron las condiciones de desigualdad,
toda vez que limitaron el acceso a productos de primera necesidad. Otras de las
medidas están relacionadas con la potenciación del sector no estatal de la
economía, dígase privado y cooperativo. Sin embargo, los cambios en curso
probablemente no podrán ser aprovechados por todas
las personas del mismo modo (Torres, 2020).
En el plan económico para salir de la crisis no se observa una
redefinición del modelo de política social que dote de integralidad a las
estrategias de desarrollo del país. La crisis del coronavirus abre una ventana
de oportunidad para el rediseño de las políticas sociales en Cuba, pero deberá
evitarse la reproducción de desigualdades y
desventajas que contradicen sus propósitos,
así como los déficits de sustentabilidad económica, diversidad y
participación que han existido en esta sociedad (Espina, 2016). Al mismo tiempo, la formulación de dichas acciones
deberá contener respuestas integrales para el manejo político, económico y
sanitario de la crisis.
CONCLUSIONES
En la atención diferenciada que se ha
dado a la población vulnerable en Cuba durante el primer año de la pandemia de
COVID-19 conviven concepciones y prácticas contradictorias que, por una parte,
tienden a contener los efectos de la crisis sobre la base de políticas
universales e igualitarias y, por otra, profundizan la desigualdad, motivadas
por políticas de supervivencia económica. En el país existen numerosos factores
que constituyen importantes riesgos ante la pandemia y sitúan a mujeres, niños,
personal de la salud, personas discapacitadas, personas negras y mestizas y
adultos mayores como vulnerables. Se suman, además, las personas con
comorbilidades, los grupos en riesgo de pobreza de ingresos y aquellos con limitaciones para acceder a derechos sociales básicos
asociados a la alimentación de calidad, vivienda digna y servicios de agua
potable. La crisis del coronavirus y los aprendizajes asociados a la atención
de la población como parte de la gestión
pública abren una ventana de oportunidad para repensar las estrategias
de desarrollo del país desde un modelo de política social integral y humanista.
Mientras la gestión de la crisis sanitaria del primer año de la pandemia en
Cuba evidencia resultados satisfactorios en la mitigación, contención y control
de la enfermedad, la crisis económica sistémica y progresiva —previa al
coronavirus, y acentuada por este— continúa modelando la dinámica de la
vulnerabilidad en el país.
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