Marruecos y México: dos modelos de securitización migratoria en las fronteras de la globalización
Morocco and Mexico: two models of immigration
securitization on the frontiers of globalization
Aldo Damián
Ríos-Vargas
Correspondencia: darriva@live.com.mx/ Fecha de recepción: 14 de noviembre de 2014/ Fecha
de aceptación: 10 de noviembre de 2015
Universidad de Granada. Instituto de Migraciones,
Polígono Tecnológico Ogíjares, calle Zamora, Parcela 111-112, Ogíjares,
Granada, España, 18151.
RESUMEN
La posición geopolítica de México y Marruecos como países frontera, entre
el norte y el sur global, los ha vuelto dos países estratégicos, no solo por el
intenso flujo transnacional de capitales provenientes de Estados Unidos y la Unión
Europea; sino también como laboratorios donde se han implementado políticas
transnacionales de seguridad, orientadas a contener las amenazas que pueden
vulnerar el norte global. En el escenario regional, la política de seguridad
migratoria que se vive en Marruecos y México, da cuenta de los procesos y
relaciones geoeconómicas y políticas de corte transnacional entre el norte y
sur global. En este trabajo se analizaron los efectos de la política de
seguridad migratoria llevada a cabo en los últimos años en las fronteras
México-Estados Unidos y Marruecos-España-Unión Europea, mostrando una tendencia
común basada en la securitización y en el detrimento
de las libertades y de los derechos de las poblaciones migrantes o refugiadas.
PALABRAS CLAVE: migración,
fronteras, seguridad, globalización, geografía.
ABSTRACT
Mexico’s and Morocco’s geopolitical position of as border countries between
the north and the global south has transformed them into two strategic
countries for two main factors: the intense flux of transnational of capital
from the United States and the European Union and their role as laboratories
where multinationals have implemented security policies, aimed at containing
threats that can undermine the global north. In the regional context, the
immigration safety policies of that that are in place in Morocco and Mexico,
enables us to outline the geoeconomic processes,
transnational relations and transnational policies between the north and the
global south. This research analyzed the effects of immigration safety policies
implemented in recent years in the Mexico-US and Morocco-Spain-European Union
borders. Results show a common trend based on securitization and the
undermining of migrant and refugee population’s freedom and rights.
KEYWORDS: migration, border, securitization, globalization,
geography.
INTRODUCCIÓN
La política de seguridad migratoria que se instrumenta hoy en día en la
frontera hispano-marroquí y la frontera México-Estados Unidos, ejemplifica dos
modelos transversalmente interconectados por una nueva idea de seguridad, a la
que se denomina securitización, emanada de las
transformaciones en la geografía del poder global. Este enfoque propuesto por
los teóricos del neoliberalismo, como Arjun Appadurai, Saskia Sassen, Urlich Beck, o David
Harvey, entre otros, han señalado desde la década de los noventa, que los
cambios que experimenta la política y la economía a escala global, están trayendo
como consecuencia la instrumentación de una política de seguridad nacional; la
cual tiene efectos profundamente negativos en el fenómeno migratorio (Appadurai, 1996; Giddens y
Hutton, 2001; Sassen 2001; Beck 2002; Harvey, 2005).
La política de seguridad migratoria es actualmente un proceso que está
normando la vida al interior y exterior de los Estados-nación a través de mecanismos,
lo suficientemente coercitivos, para contener incluso transnacionalmente los
brotes o estallidos sociales (López, 2012; Anguiano, 2013; Naranjo, 2014). Es
decir, se ha transnacionalizado (Izquierdo, 2012).
El objetivo de este trabajo fue comparar la política de seguridad nacional,
que se implementa para atender el fenómeno migratorio en fronteras como la
hispano-marroquí o la México-Estados Unidos, como resultado de un proceso
largo, normado por la reconfiguración de las fuerzas económicas y políticas,
tanto al interior como al exterior de los Estados, y que han moldeado la
geografía del poder global, transformando al Estado, y reordenando a su vez los
sistemas migratorios.
Frontera España-Marruecos
La política de seguridad migratoria en la frontera hispano-marroquí, está
normada cuando menos por dos condicionantes. Por un lado, las transformaciones
en las relaciones económicas entre España y la Unión Europea (en adelante UE) y
Marruecos, resultado de la liberalización de la economía a escala regional-global,
lo cual ha impulsado la emergencia de cadenas de valor y con ello la
configuración de nuevos centros económicos que atraen y expulsan capitales,
personas y sobre todo un empresariado transnacional. Los flujos de capitales
que circulan a ambos lados de una frontera desregulada y fragmentada, como lo
es la hispano-marroquí, refuerzan las tesis de una nueva geografía del poder,
donde las cadenas de valor global y el poder de la empresa transnacional
comienzan a normar la vida política y económica de los Estados y las naciones.
Por otro lado y como parte de la emergencia de nuevos centros económicos,
resultado de la dislocación de los procesos productivos a escala global, los
flujos migratorios han cambiado en términos de sus causas, composición,
comportamiento y densidad, modificando particularmente su dirección, obligando
a los Estados a adecuar su política migratoria.
En el caso de los flujos migratorios que buscan ingresar a la UE vía la
frontera hispano-marroquí, es necesario articular los procesos económicos y
políticos, en un marco conceptual que trascienda su instrumentación localista y
que articule otras regiones y países más allá de la frontera exterior de la UE.
De este modo, en el ámbito de la normativa migratoria en la UE, se puede
identificar al menos cuatro tipos de acuerdos marco (Parlamento Europeo, 2003):
los que se firman al interior de los estados miembro que conforman
geopolíticamente el espacio Schengen y a la vez a la
UE; los acuerdos en materia migratoria entre los Estados miembros de la UE y
los no pertenecientes al espacio Schengen; los
acuerdos en materia migratoria entre los Estados no miembros de la UE pero si
pertenecientes al espacio Schengen; los acuerdos en
materia migratoria entre la UE y terceros países no pertenecientes al espacio Schengen y a la UE (Unión Europea, 2011).
Cada tipo de acuerdo está acompañado de un conjunto de instrumentos
normativos mediante los cuales se regula la expedición de los diferentes tipos
de visa que definen el estado migratorio del extranjero, tales como: inversionista,
trabajador temporal, investigador, turista o refugiado; así como los tiempos de
estancia, las libertades en el desplazamiento interno-externo, y por supuesto,
las libertades, derechos y sanciones a las que se sujeta el inmigrante. Pese al
amplio abanico de disposiciones que regulan la migración, en teoría existen
criterios comunes que articulan transversalmente las normativas que regulan los
flujos migratorios al interior-exterior de la UE y del espacio Schengen. Sin embargo, la aplicabilidad de dichas
normativas no siempre se cumplen y en casos como la actual crisis de los
refugiados sirios, se instrumentalizan dispositivos, que no solamente han mostrado
las contradicciones y vacíos propios de los acuerdos marco, que regulan la actuación
a nivel regional de los Estados miembro de la UE en materia de refugio; sino
también, el papel de las propias dinámicas y coyunturas sociopolíticas que
ponen al descubierto el actuar de instituciones, gobiernos e incluso empresas y
sus implicaciones.
En el caso de España, al ser miembro de la UE y del espacio Schengen, su política migratoria está normada en principio
por el convenio Schengen de 1986, que fija las pautas
de la política migratoria de los países que lo integran. A ello se suman
diversos tratados, como el de seguridad de Maastricht de 1992. Maastricht fue
el primer tratado que unifica en “tres pilares” o ejes, la política y acuerdos
de cooperación derivados del Tratado de la Unión Europea (TUE),
para regular multilateralmente aspectos como, por ejemplo, la seguridad y la
migración en un mismo marco. De este modo, la política de seguridad migratoria
en la frontera hispano-marroquí queda vinculada al segundo y tercer pilar que
abordan, de forma cooperativa, la política exterior y de seguridad común,
facilitando la creación de la agencia europea de policía (EUROPOL)
y la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior,
resaltando los mecanismos de asilo y lucha contra la inmigración irregular
(Unión Europea, 2015a). Sin embargo y como se señala en el párrafo
introductorio de este apartado, la necesidad de incorporar una mirada
descentrada transnacional, de la política de seguridad migratoria, derivó en el
Tratado de Lisboa del 2009, dando paso a su vez al Enfoque Global de la
Migración y la Movilidad (GAMM) que adoptara el
Consejo Europeo en 2011, y por último la Agenda Europea de Migración de 2015,
donde se contempla la articulación de una política migratoria más allá de las
fronteras exteriores de la UE (Unión Europea, 2015b).
En el ámbito nacional, la política migratoria española se rige por la Ley
de Extranjería del 2000 (Ley Orgánica 4/2000) y su reglamento (Real Decreto
557/2011). En los últimos 15 años, la Ley de Extranjería y su Reglamento han
pasado por varias modificaciones vinculante, la mayoría de estas al tema de
seguridad (Izquierdo, 2012). La última y que compete a este trabajo, es la que
se vincula a la Ley de Seguridad Ciudadana promulgada en marzo de 2015, la cual
crea un régimen especial en materia de política de seguridad migratoria para
atender concretamente el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla.
A diferencia de la frontera de México y Estados Unidos, la política de
seguridad migratoria, en la frontera hispano-marroquí, entra en el escenario
local, regional y global, tardíamente. Sin embargo y a partir de experiencias
como la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA,
por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, la UE y el gobierno español,
desarrollarán instrumentos similares al IRCA para
regular los flujos migratorios desde su contratación hasta su retorno,
vigilando minuciosamente al empleador, al inmigrante, así como los controles de
admisión y retorno, siguiendo los acuerdos adoptados en Maastricht (Viladrich-Grau, 1998).
La nueva política migratoria de seguridad, emprendida a principios de la
década de los noventa en la UE, respondía en buena medida, al reajuste en la
geografía del poder, derivado de acontecimientos como la reunificación de
Alemania y la caída del Muro de Berlín, la guerra en Medio Oriente y la
inestabilidad en los Balcanes; derivando ello en una nueva configuración del
sistema, el poder y la migración, tanto continental como extra-continental
(Arango, 1993).
La geografía del poder, que comenzó a configurarse en la década de los
noventa, aportó una nueva mirada sobre el impacto del neoliberalismo y sobre
todo, la transnacionalización de las fuerzas económicas y políticas, que redibujan
las líneas de dicha geografía del poder, permitiendo a su vez, por un lado, la
emergencia de nuevos actores, como Marruecos, y por otro y quizá más relevante
para este tema, la transición y consolidación del estado de seguridad, y con
ello, una nueva narrativa y forma de instrumentalizar la política de seguridad
migratoria (Appadurai, 1996; Ianni,
1996; Sassen, 1996; Bauman,
1999; Giddens y Hutton, 2001; Harvey, 2005; Ríos,
2014).
En los años subsecuentes al Tratado Maastricht (firmado en 1992), la
política de seguridad migratoria, en la frontera hispano-marroquí, se mantuvo
en un “estira y afloja” entre las diversas administraciones del gobierno
español y el reino de Marruecos. Mientras que por un lado, el reino de
Marruecos ha reclamado los enclaves ultramarinos de Ceuta y Melilla, así como
los diversos islotes y callos aledaños, argumentando que dichos enclaves forman
parte históricamente de su territorio (Ioé, 2001; Carballo-de-la-Riva,
2009; Mullor, 2011). Por otro lado, Ceuta y Melilla
se erigen como espacios de oportunidades económicas, resultado de las
excepciones fiscales que gozan dichos enclaves por ser declarados zonas
francas.
La flexibilización de la política marroquí, frente a las economías de la
UE, a través de los enclaves de Ceuta y Melilla, han hecho que este país, según
la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del gobierno español, transite paulatinamente a una liberalización
de su economía, con el objetivo de adaptarse a la Zona Libre de Comercio de la
Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2012: 2). La incorporación de
la economía marroquí a una zona de libre comercio, ha sido acompañada también
con una reforma en su política migratoria. Según las investigaciones de Belguendouz, la ley que regía los flujos migratorios databa
de 1959 y no fue, según este autor, sino hasta el 2003 que se dio una reforma
acorde a las exigencias de la UE, para controlar y administrar los flujos
migratorios (Belguendouz, 2004). De este modo, los flujos
migratorios que buscan entrar a la UE vía la frontera hispano-marroquí, serán
ocupados como instrumento de negociación en el terreno de lo económico y lo
político (González, 1996; Diao, 2006), trayendo con
ello la transformación del paisaje de los enclaves extrapeninsulares,
así como la construcción de un nuevo lenguaje en materia de seguridad que se ha
extendido incluso más allá de Marruecos, alcanzando algunos países del África
Occidental (o subsahariana), como Nigeria, Malí, Burkina Faso o Senegal.
Mientras que Marruecos crece a un ritmo económico del 4.4 % (Oficina Económica
y Comercial de España en Rabat, 2014: 20), los mecanismos de contención de los
flujos migratorios han mantenido en un nivel bajo la presencia e intentos de
“saltos a la valla” (intentos de trasgredir las medidas de contención), en los
últimos años.
Se podría pensar que el uso, por ejemplo, de conceptos como control y
seguridad, apela a hechos similares. Sin embargo, en términos de la política de
seguridad migratoria en la frontera hispano-marroquí, su instrumentalización
dista diametralmente de su significado. El control, contención, seguridad,
administración y regulación, dan cuenta de prácticas concretas que estructuran
transversalmente la política interna-externa de seguridad del Estado, como
España en su frontera, ya sea a través del muro de contención de Melilla o
Ceuta y sus concertinas (alambre de púas), pero también a través de un sistema
más ampliado como es el caso de Frontex. Instancia
creada por la UE para controlar las fronteras exteriores por ejemplo en aguas
del Mediterráneo a través de embarcaciones, helicópteros, radares, entre otros.
Para Ana María López Salas, la migración indocumentada recae en una política de
contención, dado que lo que se busca, por ejemplo, a través de las vallas, es “contener
el flujo migratorio”, siguiendo las metáforas hídricas (López, 2012:
4). Por ejemplo, las concertinas instaladas en los 8.2 km de perímetro de la
valla de Ceuta en el 2005, no sólo son un recurso disuasivo; sino que al herir en
algunos casos de gravedad a los inmigrantes que intentan saltar la valla, contienen in
situ al migrante.
Carballo-de-la-Riva (2009), Mullor (2011),
Izquierdo (2012) y Anguiano (2013), observaron que los flujos de migrantes no
necesariamente indocumentados no recaen en una política de contención, sino en
una política de regulación; es decir, en un proceso administrativo. Esta
forma de política migratoria queda más clara en la expedición o negación de
visados y solicitudes de asilo por ejemplo. Un punto intermedio entre ambas, lo
aporta la idea de la política de control, la cual recae en una
condición administrativo-policial, a la cual se adscriben Hollifield
(2000), Morcillo (2011) y Soriano y Rico (2012).
En este eje de la política de control, el papel policíaco de contención, se
amalgama al papel administrativo-burocrático. En este ensamble, el papel de los
espacios es cardinal, ya que cada uno está circunscrito a un territorio
definido (el policía a la frontera y el burócrata a las oficinas de
extranjería). Es el caso de las devoluciones en caliente llevadas a cabo entre
el gobierno español y Marruecos, en las cuales intervienen tanto cuerpos
policiacos, administrativos, así como la basta infraestructura instalada en la
vallas para frenar el acceso de los inmigrantes.
Por último y no menos importante, es el concepto de securitización. La securitización es
la amalgama entre la política de seguridad migratoria y su práctica (Naranjo,
2014: 24). La securitización ve en la inmigración un
riesgo a la seguridad nacional, lo que le permite al Estado tomar medidas
extraordinarias para su control (Arango, 2011). Este concepto no
supone una nueva tendencia y orientación política, sino un reforzamiento de las
dinámicas que han acompañado el proceso de construcción europea y sobre todo encierra
el papel transnacional de la política de seguridad migratoria. El ejemplo más
idóneo es la creación de Frontex en el 2004, como la
agencia que coadyuva y coordina los cuerpos policiales de los países miembros
de la UE (Fernández, 2008: 9; Naranjo, 2014).
La securitización, como política migratoria de
corte transnacional, se estructura a partir de la noción de “riesgo” y con ello
la generación de sentimientos hostiles hacia la migración (Arango 2011: 54). El
riesgo para Fernández (2008) y Naranjo (2014), articula transversalmente los
mecanismos de contención, particularmente los policiales y los administrativos
de la regulación. De este modo, la securitización
como política migratoria, responda a una nueva forma de atender a la migración,
a partir de descentrarla de las vertientes clásicas, que la colocan como hecho
económico, para recolocarla en el campo del riesgo real, latente o potencial.
En síntesis, la migración se vuelve una “nueva amenaza”, y para ello se
necesita una mejor tecnología para su control. Radares, cámaras térmicas, de
movimiento e infrarrojas, concertinas en las vallas, mallas anti-trepa y una
innumerable cantidad de recursos tanto humanos y tecnológicos.
Esta nueva conceptualización de la política de seguridad migratoria, en
buena medida responde al reajuste en la geografía del poder descrita en párrafos
más arriba. Sin embargo, habría que añadir un nuevo ingrediente, como lo fueron
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos y del 11
de marzo de 2004 en España para afianzar su instrumentalización en fronteras, no
solo como la hispano-marroquí; sino también, en fronteras como la de
México-Estados Unidos. Independientemente de las lecturas del 11 de septiembre
de 2001 y del 11 de marzo de 2004, la noción y sentido de riesgo que se le ha
asociado a la migración en los últimos 15 años, ha despertado, para fraseando a
Tello (2011): “sentimientos hostiles”, que trayendo de nuevo a Joaquín Arango
(2011) y Naranjo (2014), su concepto de securitización,
se vuelven un recurso que legitima por ejemplo las disposiciones especiales de
Ley de Seguridad Ciudadana, para atender en lo particular las fronteras de
Ceuta y Melilla.
Uno de los ejemplos más claros de lo anterior, es la postura del gobierno
español frente a los refugiados sirios. Mientras que por un lado, se habla de atender
a aproximadamente 15 000 refugiados sirios, en la frontera hispano-marroquí se
refuerzan los controles migratorios, entre el reino de Marruecos y el gobierno
español, para contener particularmente a los inmigrantes subsaharianos. Sobra
decir, que la creación de sentimientos hostiles hacia las poblaciones de
inmigrantes o refugiados, en buena medida se sustentan en la exacerbación de
los miedos. En el siguiente apartado correspondiente a la frontera de
México-Estados Unidos, se explora la exacerbación de los miedos como
instrumento de la política de seguridad migratoria.
Frontera Estados
Unidos-México
El 15 de mayo de 2006, en horario estelar, el presidente George Bush
anunciaba la “militarización” de la frontera con México, a través del
despliegue de la Guardia Nacional, la cual reforzaría los trabajos de la
Patrulla Fronteriza (Agencia EFE, 2006). No era la primera vez que Estados
Unidos desplegaba un cuerpo militar a la frontera de México, pero si fue la
primera vez que dicho despliegue respondió al fenómeno migratorio.
La militarización de la frontera, a partir del 2006, no solo ha supuesto un
cambio de las políticas clásicas de migración del gobierno estadounidense; sino
un nuevo cambio cualitativo, particularmente en la resignificación
del migrante, el cual ha pasado de ser la imagen clásica del migrante
económico, a la imagen del posible terrorista (Fernández, 2006: 2). Si bien la política
migratoria de los Estados Unidos, siguiendo a Massey
y col. (2009), se había mantenido en los marcos de la economía y la ideología;
en los últimos 15 años, se ha dado una gradual transición a un modelo basado en
priorizar la seguridad nacional, a través del uso intensivo y extensivo de
cuerpos policiales, sobre aspectos como los derechos de los migrantes (Massey y Pren, 2013). Este cambio
en la política migratoria de los Estados Unidos no fue un hecho fortuito. Tras
los atentados terroristas del 11-s, se aceleró la promulgación de políticas de
seguridad migratoria orientadas hacia la securitización
de la frontera y sobre todo la criminalización del migrante. El Acta Patriótica
(Patriot Act), solo fue el
inicio de una serie de disposiciones normativas, emanadas del gobierno
estadounidense, a las que se fueron articulando, a lo largo de los subsecuentes
años, una serie de instrumentos, particularmente bilaterales con México, para
contener los flujos migratorios en la frontera sur de los Estados Unidos. De
este modo, tras la entrada en vigor de el Acta Patriótica a finales del 2001,
se firmaron acuerdos con México en materia de seguridad, como el Plan Sur de
2001-2003, El Grupo de Alto Nivel y Seguridad Fronteriza (GANSEF),
creado en el 2002, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte (ASPAN), creada en el 2005, hasta La Iniciativa Mérida o Plan Mérida del
2009 (INCEDES, 2009), el cual ha derivado en el Plan Frontera
Sur 2014, llevado a cabo en la frontera de México-Guatemala, con acciones a lo
largo de los corredores migratorios ocupados por los centroamericanos (Ríos,
2014).
La última vez que el gobierno de los Estados Unidos vio amenazada su
seguridad fue a principios de la década de los sesenta, tras la crisis de los misiles
en Cuba. La crisis de los misiles dio paso a lo que en las subsecuentes décadas
sería llamada “la política de contención”, que según su autor, George F. Kennan, consiste básicamente en aislar y contener, dentro
de las fronteras de los Estados, los riesgos o las amenazas que atentaran
contra la estabilidad de los Estados Unidos. Este tipo de medidas giran en
torno al diseño de una política que responda y actúe paciente y a largo plazo,
en torno a las tendencias desestabilizadoras provenientes de cualquier fenómeno
o sujetos, que atenten contra el Estado, para lo cual, éste tiene que actuar de
una forma cabal y vigilante, que derive en un determinado momento en la aplicación
de la fuerza de contención en una serie de puntos geográficos, económicos,
políticos e ideológicos, que corresponda al actuar de los fenómenos o sujetos
(Parente-Rodríguez, 2005: 7).
La promulgación de el Acta Patriótica, significa la reactivación, 40 años
después, de una política ensayada en tiempos de la Guerra Fría. Pero ¿puede
esta política de seguridad en materia migratoria llevada a cabo por el gobierno
de Estados Unidos en su frontera sur con México, responder al igual que en
España, a la emergencia y efectos de estos nuevos espacios de poder?
Por otra parte, y a diferencia de las políticas de seguridad migratorias,
implementadas por España en la frontera hispano-marroquí, en Estados Unidos ha
habido una larga tradición de políticas restrictivas, las cuales, sin embargo,
se incrementaron desde la década de los noventa, teniendo un punto de inflexión
en el 2001 y una aceleración en los últimos 15 años (Massey
y Pren, 2013). Un ejemplo que clarifica la aceleración
en los últimos 15 años, lo aporta una encuesta llevada a cabo en el año 2006,
en la cual la mitad de los adultos estadounidenses opinaba que «los inmigrantes
eran una amenaza para los valores del país» y que «la población debía estar protegida
para enfrentarse a la influencia extranjera», mientras que, en el año 2000,
únicamente el 38 % de la población pensaba que los inmigrantes eran “una carga
para el país” (Massey y Pren,
2013: 211).
Los argumentos aportados por Massey y Pren (2013), invitan a pensar, que la ideología es un
instrumento de tal poder que norma, o cuando menos inspira, la promulgación de
las políticas de seguridad migratoria de Estados Unidos; sin embargo, ello
elimina dos hechos a considerar. El primero es que para la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), en su
informe 2013, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el primer
corredor migratorio a nivel mundial. Se estima que su flujo representa el 6 %
del total a nivel mundial (12.2 millones de inmigrantes anualmente) (OIM, 2013). El segundo aspecto tiene que ver con la
desaceleración económica y la pérdida del empleo. La tasa de desempleo según el
CIA World Factbook, se
situó en el 6.2 % (CIA, 2015).
El estancamiento de la economía estadounidense tuvo efectos negativos,
tanto para la creación de nuevos empleos donde se inserten los inmigrantes,
como en la agudización de las políticas de seguridad migratorias. Para el Pew Hispanic Center (PHC), en los últimos años, los flujos inmigratorios hacia
Estados Unidos no solo se han estancado, sino incluso han decrecido (Brown y Stepler, 2013). El decrecimiento del flujo inmigratorio,
por ejemplo, en el caso de los mexicanos, según Durand, se debe a la débil
situación económica de Estados Unidos, al incremento de los controles de
seguridad en las fronteras y a la estabilidad en la economía mexicana (Durand,
2011).
La desaceleración económica de los Estados Unidos fue un factor
determinante para justificar la política de seguridad migratoria en su frontera
sur, confirmando con ellos las tesis de Sassen, Appadurai o Harvey expuestas en el apartado anterior,
vinculando a la economía con la nueva política de securitización
de la migración. Por otra parte, la nueva geografía económica y política a
nivel mundial, permitió descentrar hasta cierto punto, el monopolio del poder
político-económico de Estados Unidos, obligando a que este permita una mayor participación
de las nuevas fuerzas, tanto estatales como supraestatales, en el escenario
global. Sin embargo, aunque la economía de los Estados Unidos perdió su
monopolio en el plano internacional, su injerencia política se afianzó más allá
de sus fronteras. Es decir, se ha transnacionalizado
su política de seguridad. Bajo este argumento, se ha construido la idea de un
“México como país frontera o país tapón” (Marrujo,
2001; Villafuerte, 2006; Rojas, 2007; Massey y col.,
2009). Sus efectos han sido por demás lamentables. Las constantes violaciones a
los derechos de los migrantes, particularmente los de los centroamericanos, ha
hecho que en no más de una ocasión al gobierno mexicano se le cuestione por
parte de instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos o El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ya sea por su omisión
o pasividad para atender y resolver casos como el de la masacre de los 72 migrantes
en San Fernando, Tamaulipas, México.
De este modo, la política de seguridad migratoria, materializada en la
contención transnacional, ha redibujado el mapa de la migración en México y en
sus fronteras, particularmente en la frontera con Estados Unidos; pero también
ha derivado en un sistema de relaciones y prácticas transnacionales, llegando a
abrir un debate no solo sobre la soberanía del Estado mexicano, sino el papel
presente y futuro de la migración, tanto a nivel de lo local-regional, como a
nivel de lo global (Martínez-de-la-Peña, 2007; Ríos, 2014).
En pleno 2015, la política de seguridad migratoria, en la frontera de
México con Estados Unidos, ha alcanzado un nivel complejo y alarmante. Mientras
que la administración de Barack Obama espera a que se apruebe una reforma
migratoria que beneficiaría a casi 11 millones de indocumentados, las
expulsiones de los denominados “dreamers”, van acompañadas
de las declaraciones del precandidato republicano Donald Trump,
quien haciendo uso de la narrativa de contención, creada desde la década de los
sesenta, exacerba y polariza los sentimientos más profundos de una nación, que
se fragmenta en torno a construcciones ideológicas basadas en la cultura, la
etnia o la “raza”.
La postura en materia de política de seguridad migratoria del precandidato
republicano Donald Trump no es nueva. Ha sido una
política instrumentalizada desde la década de los veinte del siglo pasado, tal
y como lo ha venido señalando Massey y Sánchez
(2010). No muy distinto al caso español, el poder ideológico-mediático, en
torno a la exacerbación de los miedos, acompañado por una visible falta de
memoria histórica, hacen que la postura del precandidato a la presidencia de
los Estados Unidos, sea para algunos sectores, algo novedoso e incluso necesario,
para salir de un problema estructural, como lo es la recesión económica por la
que atraviesa el país. Declaraciones como: “Colocaré un gran muro en la
frontera sur de Estados Unidos”, no es precisamente una idea nueva, si por
ejemplo, se mira hacia la frontera hispano-marroquí; sin embargo, si es la
cristalización no solo de una política de contención, sino de un sentimiento
arraigado en las memorias más conservadoras del pueblo estadounidense.
CONCLUSIONES
La nueva geografía del poder político y económico está redibujando el papel
de las fronteras internacionales, y eso a su vez, el nuevo orden global. Los
efectos de esta nueva geografía del poder se recienten, con mayor intensidad en
el tema de los Derechos Humanos. Casos como Marruecos y México, ejemplifican los
efectos de una política de seguridad que ha tendido a criminalizar al migrante
indocumentado y a su migración. En el caso de la frontera hispano-marroquí, los
migrantes subsaharianos (por ejemplo), no cuentan con mecanismos reales para su
protección ante políticas de seguridad migratoria, como “la devolución en
caliente”, llevada a cabo por el gobierno español y marroquí. Del otro lado del
Atlántico, la política de contención transnacional diseñada por el gobierno estadounidense
y llevada a cabo en México, a partir de la reactivación del Plan frontera Sur,
está agravando la crisis humanitaria que viven los migrantes a lo largo de las
rutas migratorias. De este modo, la nueva política de seguridad migratoria en
ambos lados del Atlántico, está mostrando un deterioro progresivo de los
Derechos Humanos en pro de la seguridad y la estabilidad político-económica
nacional y regional.
REFERENCIAS
Agencia EFE (2006). Bush anuncia el envío de 6
000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México.
[En línea]. Disponible en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/16/internacional/1147738980.html. Fecha
de consulta: 17 de septiembre de 2015.
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