La
posición geopolítica marroquí como frontera vertical
de la
Unión Europea
The Moroccan geopolitical position as
the vertical border of the European Union
Rosa María Soriano-Miras
Correspondencia:rsoriano@ugr.es/ Fecha
de recepción:12 de septiembre de 2016/ Fecha de aceptación: 9 de diciembre de
2016
Universidad de Granada, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Sociología, calle Rector López
Argüeta núm. 4, Granada, España, C.P. 18071.
RESUMEN
El
siglo XXI está siendo protagonista de un cierre fronterizo sin precedentes a la libre circulación de
personas,
pero no de mercancías,
bienes o
capital, promovido por los países del norte, y en connivencia con los dirigentes de los países del
sur, generando una grave fractura social.
El objetivo del presente artículo fue analizar de qué
manera la Unión Europea (UE), está favoreciendo la
emergencia de una
frontera que cruza verticalmente Marruecos (entre otros países), imposibilitando a lo largo de su
territorio la
llegada a la UE, no sólo de su población, sino también la procedente del resto
de África. Se analizaron
diferentes fuentes secundarias, producidas por organismos internacionales como la Agencia Europea
de la
Guardia de Fronteras y Costas,
la Comisión Europea, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras. La externalización de la
frontera
de la UE,
en el plano político, junto a la deslocalización, en el plano
económico, de empresas europeas en algunos países del sur de Europa, como Marruecos, está
consolidando la existencia de nuevos
espacios que configuran lo que
se denomina frontera vertical, donde
emergen nuevos escenarios socioeconómicos y simbólicos.
PALABRAS CLAVE: migración
internacional,
política de securitización, fronteras verticales, Marruecos, Unión Europea.
ABSTRACT
The XXI century has
been witnessing an unprecedented border closure to the free movement of persons,
rather than that of products,
goods or capital. This has been promoted by
northern countries in co-llusion with leaders of southern countries, creating a serious
social fracture. The aim of this paper was to analyze how the European Union
(EU) is favoring the emergence of a border that crosses Morocco, among other countries,
vertically, preventing the arrival of African migrants to the EU. Different secondary sources
produced by different international organizations such as the European Border
and Coast Guard Agency, the European
Commission, Amnesty International, Doctors Without Borders and others were analyzed The findings suggest that the outs ourcing of the EU border, at the political level, together
with the economic relocation of European companies in some southern countries such as Morocco, is consolidating the
existence of new spaces which configure what has been termed the vertical border, where new socioeconomic and
sybolic scenarios emerge.
Keywords: international migration, securitization policy, vertical
border, Morocco, European Union.
NTRODUCCIÓN
En
este siglo, la gobernanza de la Unión Europea (UE) está protagonizando
un cierre
fronterizo sin precedentes, en lo que a tránsito de sujetos se refiere
(Amin, 2013). Paradójicamente, no sucede lo mismo con el tránsito de
mercancías, bienes y capitales, donde nunca se había producido con tanta inmediatez la libre
circulación de estos recursos a nivel planetario (Mevel y col., 2016). Esta práctica se
realiza bajo el argumento de que, en atención al mandato de la ciudadanía, se
debe gobernar asegurando que la vida cotidiana se produzca en condiciones de seguridad jurídica, económica y personal (Long, 2013).
En
el caso de la UE, dicha realidad además se encuentra asociada, desde 2011, a la
Primavera Árabe (Long, 2013), ya que los procesos políticos iniciados en estos países (con orígenes y resultados
diferentes), han tenido, entre otras consecuencias, un incremento en la movilidad hacia la UE
en lo que se denomina flujos mixtos (Scheel y Ratfish, 2014). Esto debido a que la guerra
de Libia dejó sin regulación estatal un amplio territorio de paso migratorio, donde se encuentran
refugiados
de la guerra de Siria y de países de África oriental (Sudán, Eritrea y Somalia), e
inmigrantes de África occidental (Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria y Camerún); en tanto que en la
frontera marítima en el mar Egeo, en Turquía, se concentra la salida de refugiados
hacia la UE (sirios, afganos y eritreos), como consecuencia del cierre fronterizo
terrestre.
El objetivo de este
artículo fue determinar cómo el discurso de securitización de la Unión Europea, y la promoción de la
Inversión Extranjera Directa (IED) que realiza Marruecos (favorecida por el
Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial), junto a otros países del centro de África y los
países del Medio Oriente y
Norte de África (MENA), han provocado la emergencia de una frontera vertical, que se extiende desde la Unión Europea
hacia el
sur de África. Este trabajo se enmarca en el proyecto “reconstruir el campo de
las regiones no fronterizas en la relocalización industrial y la migración”
(CSO 2013-140646-P) del plan nacional de investigación del Ministerio de
Ciencia e Innovación de España.
Rutas migratorias
y fronteras verticales
Para
entender mejor la problemática de la región; se analizaron diferentes
estadísticas e informes realizados por organismos internacionales, tales como la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y
Costas (FRONTEX), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional (AI), la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Women’s Link y Médicos Sin
Fronteras.
Según la OIM
(2013), alrededor del 40 % del total de los migrantes, se desplaza de los países del sur hacia los
países del norte, generándose flujos migratorios a través de rutas muy consolidadas bajo la paradoja
de que el número de salidas de los países del sur es menor al número de
entradas en los países del norte. Este fenómeno constata que el control
migratorio ha dejado de hacerse exclusivamente en los puntos
de cruce fronterizos, extendiéndose la vigilancia a través de las rutas migratorias (Finotelli y
Sciortino, 2013), penetrando
verticalmente los territorios nacionales
y dando origen al concepto de fronteras
verticales, las cuales ocasionan que un gran número de población quede atrapada en el camino, haciendo
coincidir ruta y frontera. En este trabajo, la frontera vertical hace referencia tanto al
aparato de control migratorio que los Estados desarrollan a lo largo de su
territorio a través de operativos, retenes y
detenciones, como la
practicada por aquellos grupos que establecen una relación de dependencia con los migrantes, no sólo económica y
laboral, sino también corporal.
Las
fronteras verticales dificultan la distinción entre países de destino, origen y
tránsito (Czaika y Haas, 2014). Los proyectos migratorios iniciados en origen
se quedan en muchas ocasiones a medio camino, atrapados en nichos laborales precarios,
generados por empresas
trasnacionales procedentes del norte global, que relocalizan su producción (Orefice, 2014; Podrecca
y Rossini, 2015), permitiendo
consolidar centros urbanos de migración en el
sur global (Trinidad
y col., 2015).
En
África, tradicionalmente han coexistido tres rutas migratorias que atraviesan
el Sahara (Figura 1). La
primera es la Atlántica, que es la más
antigua y que parte de Senegal a Marruecos por la costa del Océano Atlántico.
La segunda es la Central, con Tombuctú y Gao, en Malí, como puntos de partida;
es la ruta que centralizó
el comercio transahariano de oro, sal
y cobre, desde Agadez (Níger) hacia el norte, y que se ramifica en dos: una
lleva a Marruecos y Túnez, atravesando Argelia; y la otra se dirige hacia el
norte a través de Libia, con destino a Trípoli (Libia) y luego a las islas de
Lampedusa o Malta, en el Mediterráneo. La tercera ruta es la Oriental, la cual, conecta
Somalia con Libia, pasando por Jartum (Sudán), que también conecta con Oriente
Medio, pasando por El Cairo (Egipto), con destino a los países
petroleros (Nin y Shmite, 2016: 344-345).
Existe
una acción contradictoria en las rutas migratorias. Por un lado, se busca
consolidar las vías de
comunicación terrestres para facilitar la movilidad de bienes y capitales, pero al mismo
tiempo, se establecen mecanismos para limitar la movilidad humana, a través de diferentes sistemas de vigilancia y
retenes migratorios
(fronteras verticales), como consecuencia del cierre fronterizo practicado por la política
de securitización de la UE. Esto da
origen a nuevos espacios glocalizados, donde habitan y transitan los sujetos
que quedan atrapados a lo largo de un vasto territorio que puede atravesar más de un país
(Figura 2). También se
identifican lugares donde se concentran los refugiados en la UE junto con
Serbia, Bosnia, Macedonia, Turquía y Siria, que permite visualizar la emergencia de la frontera vertical analizada. En todos estos
espacios se construyen realidades socioeconómicas, donde se externalizan, se objetivizan y se internalizan nuevos hábitos y significados en el plano
simbólico-cultural, consecuencia directa de la acción de los diferentes agentes
político institucionales.
Por todo ello, las
fronteras verticales emergentes son fronteras reales en el plano de la vida cotidiana de los sujetos que habitan
dichos espacios,
así como fronteras subjetivas construidas por el discurso de securitización. Estas
fronteras se presentan lo mismo en África, Medio Oriente y la UE (Thayer,
2016), que a lo largo de
Centroamérica, México y Estados Unidos (Rodríguez, 2012; Anguiano y Trejo-Peña,
2013), y dan origen en ambos casos
a otras fronteras verticales no oficiales, asociadas con la presencia y
actividad de bandas locales que asaltan a los migrantes y redes de tráfico de personas que tienen como
fin la explotación económica, laboral y corporal de la persona migrante
(Hernández, 2015; Andrade-Rubio, 2016). Todo ello resulta un claro indicador de la
multidimensionalidad de la frontera
vertical.
Las
consecuencias de la securitización como eje
de la política
migratoria de la UE
El
término securitización hace referencia al proceso de construcción social que
lleva la política a la esfera de
la seguridad, “por medio de una retórica del peligro, pre-ordenada a justificar la adopción
de medidas especiales, que exceden el marco jurídico y los procedimientos
ordinarios de decisión política” (Campesi, 2012: 5). Esta práctica que comenzó, entre otros convenios multilaterales
y tratados, con el acuerdo Schengen en
1990 (Unión
Europea, 2015), y continuó con el programa de Estocolmo (entre 2009 y 2014),
sucesor de los programas plurianuales de Tampere en 1999 y La Haya en 2004, y
que en la
actualidad sigue presente a través de la Agenda Europea de la Migración
(2015), está teniendo consecuencias directas en el plano político y económico
del norte y el sur global, al consolidar una frontera vertical entre África,
los países MENA y la UE, basada en la
política de seguridad de la UE (Süleymanoğlu, 2015; Geddes y Taylor, 2016). De
igual
modo, está afectando los Derechos Humanos (DD. HH.) de muchos ciudadanos que
salen de estas regiones con
el fin de llegar a la UE, y que asisten al cierre fronterizo de dicho espacio
(Suárez-Navaz, 2015). El último informe sobre tendencias actuales de ACNUR (2015), señala que al finalizar el año
2015, el
número total de refugiados bajo su mandato era de 16.1 millones, arrojando la
cifra más
elevada
de los últimos 20 años y aproximadamente 1.7 millones más
que en 2014.
Al
analizar la inmigración irregular en las fronteras exteriores de la UE,
haciendo uso de los indicadores que FRONTEX utiliza para medir la misma, se observa
que, si bien la estancia
irregular en Europa era mucho más numerosa que la entrada irregular hasta 2015, en ese año se invierte
la tendencia, tal y como se visualiza en la Tabla 1. Es decir, hasta 2015, la situación
irregular se producía principalmente por
prolongar una estancia que comenzaba
siendo regular, pero desde entonces, la llamada crisis de los refugiados (Karageorgiou, 2016) ha
entrado en escena, rompiendo esta tendencia. No obstante, en el 2016
ha vuelto a disminuir de
manera pronunciada esta
cifra, igualándose el número de entradas irregulares con el número de estancias
irregulares. Lo que sí aparece como tendencia nueva en 2016, es que el número
de denegaciones de entrada casi se ha duplicado con respecto el
año anterior.
La guerra de Siria
parece ser el detonante del cambio de tendencia (Meininghaus, 2016), pero esta comenzó
hace algo más de cinco años, ¿qué ha sucedido en 2015 para que se
hayan incrementado las entradas irregulares
en más de un millón y medio de personas, sin contar con las vidas que se han
perdido en el Mediterráneo? La respuesta parece clara, la política de securitización del
control fronterizo practicada por la UE tiene bastantes fisuras, a pesar de la
violación sistemática de los DD. HH. que se practica contra migrantes y refugiados, y que no tiene en cuenta la
realidad en
que vive esta
población.
Aunque
existe un derecho legítimo a la protección a través del asilo, el reglamento de
la UE
sólo garantiza su aplicación y tramitación (si procede) una vez se ha
llegado a territorio de la UE, lo que está teniendo efectos devastadores
(Tazzioli, 2015; Cox y Zaroulia, 2016). El proyecto Migrant File (2015), impulsado por varios periodistas
europeos, con el propósito de medir cuántas personas han fallecido en su intento de
alcanzar la UE, informa que desde el
año 2000 han muerto más de 30 000 personas en el Mediterráneo; 4 000 en 2014, 3 770 en 2015 según la
OIM, y 3 100 en los primeros 6 meses de
2016 de acuerdo a Naciones
Unidas (NN. UU.). El 10 de
agosto de 2016 la OIM (2016), confirmaba que 275 985 personas habían
llegado a Europa
por tierra y
mar desde que
comenzó el año. Sin embargo no
todos los que llegan a la UE consiguen llegar a su destino final. Sirva de
muestra como cerca de 3 000 personas esperan la resolución de su solicitud de
asilo en Sicilia, y alrededor de 57 000 personas refugiadas están atrapadas en Grecia, tras
el cierre de la ruta de los Balcanes. El número de refugiados e inmigrantes en la frontera entre Serbia y Hungría supera las 1 400 personas,
mientras una
nueva legislación amplía 8 km los controles
fronterizos dentro de territorio húngaro, y autoriza a la policía para interceptar a cualquier persona en
este pe-rímetro y expulsarla
al otro lado de la frontera (ACNUR, 2015).
La denominada
cooperación al desarrollo que practica el norte con el sur global también está en el
centro de la externalización de la gestión de frontera de la UE. A principios
de junio de 2016, la Comisión Europea dio un paso más en este sentido, anunciando un Nuevo Marco de Asociación
en Materia de Migración, en el que se expone que “se introducirá una combinación
de incentivos positivos y negativos en las políticas comerciales y de ayuda al
desarrollo de la UE para recompensar a aquellos países dispuestos a colaborar de manera eficaz con
la UE en la gestión de la migración, así como para garantizar que haya consecuencias
para aquellos que se niegan a hacerlo” (Comisión Europea, 2016a). Más allá de la ética y la estética de dicha práctica, existe un problema de utilidad ante la
ausencia de gobiernos que puedan actuar como interlocutor válido para los intereses de la UE, como sucede en
el caso de Siria, Libia, Irak,
Afganistán o Eritrea.
La
invisibilización del sur global a través de la
externalización de las
fronteras
La UE ha construido
una nueva frontera, más lejana y más invisible para la moral occidental, con el fin de
ocultar la realidad (Soriano-Miras y col., 2016a), contribuyendo a consolidar una nueva
frontera vertical. La pregunta parece obligada: ¿cómo la UE ha llevado a la práctica la
política de securitización? A través de acuerdos con terceros países y de
contratos y convocatorias con organismos del sector privado. “El programa de la Haya (2004) ha significado la
externalización, exportación y transferencia de la
política europea de inmigración y asilo, así como el control de sus fronteras a países de mayor tránsito
migratorio ubicados fuera de las
fronteras de
la Unión” (Kramsch, 2009).
El
acento puesto en la seguridad fronteriza ha llevado a Europa a cerrar la misma,
con el fin de asegurar el bienestar de los europeos, aunque ello haya supuesto
la invisibilización del sur, que solo se visibiliza cuando los medios de comunicación
muestran el drama en el mediterráneo y los campos de refugiados en Europa (Tazzioli,
2015). Con el fin de contrarrestar las imágenes mediáticas (no la de solucionar el problema), la UE ha
firmado un
acuerdo con Turquía (Declaración UE-Turquía, 8 de marzo de 2016), para que evite las salidas en embarcaciones y abra campos de refugiados en su territorio y no en Europa,
lo que ha supuesto un incremento de las muertes en el mediterráneo, al tener
que optar por rutas más peligrosas. “La UE no ataja el problema social desde la raíz, porque su
foco de
atención radica en invisibilizar todo aquello (incluidos los sujetos), que
consideran residual para la pervivencia del norte global” (Soriano-Miras y col., 2016a). Pero, este no
ha sido el único acuerdo firmado en 2016, pues a finales de ese año, la
Comisión Europea confirmaba
que: “se había empezado a trabajar para dar soluciones a corto plazo a la presión migratoria inmediata
y aumentar la inversión
que ataje las causas profundas de la
migración
irregular con cinco países prioritarios: Níger, Nigeria,
Senegal, Malí y Etiopía” (Comisión
Europea, 2016b).
Además,
la UE ha creado toda una red de centros de procesamiento de tránsito en otros países,
transfiriendo sus competencias en materia
de vigilancia (Blanchard y Wender, 2007). En este ámbito, el enfoque global
de la migración de la UE y La Política Europea de Vecindad (PEV) juegan un papel
relevante. En el marco de la PEV, los países vecinos de la UE, principalmente Marruecos,
Libia, Argelia, Túnez y Mauritania, se han transformado en su frontera exterior, al
“participar en la implementación y dispersión de las políticas de
fronterización de la UE, corresponsabilizándose de las tareas de gestión de los
flujos migratorios hacia la Unión” (Zapata y Ferrer, 2012: 93). A través de
dicha práctica, se intenta detener el
movimiento de población en el sur de las fronteras estatales. La frontera vertical
entra en juego, donde un emergente complejo industrial de seguridad(Godfrey y col.,
2014), aparece como coprotagonista de este proceso. “La migración se vuelve una
“nueva amenaza”, y para ello se necesita una mejor tecnología para su control:
radares, cámaras térmicas, de movimiento e infrarrojos, concertinas en las vallas,
mallas anti-trepa y una innumerable cantidad de recursos tanto humanos como
tecnológicos” (Ríos-Vargas, 2015).
La
UE construyó el Programa Europeo de Investigación y Seguridad en 2003
(que se convertiría posteriormente en el ESRIA, por sus siglas en inglés: European Security
Research
and
Innovation Agenda), con el fin de incrementar la seguridad interna de sus
Estados miembros, al mismo
tiempo que se fomentaba el crecimiento de las industrias vinculadas a los sectores de la
seguridad, de las tecnologías de la información y comunicaciones, y también de defensa
militar; con la voluntad de crear un “complejo industrial de seguridad” en Europa
(Ortega, 2010). Dicho programa dividió la seguridad europea en dos: una externa a las
fronteras de la UE, orientada a la seguridad exterior para ejercer funciones de defensa, y una
interna con una red de controles
físicos y virtuales con sofisticados sistemas de vigilancia. Así, el
Mediterráneo pasó a ser la frontera externa de la Unión Europea vigilada por
los agentes fronterizos nacionales y por FRONTEX (Ríos-Vargas, 2015). Estas
acciones daban inicio a la legitimación y expansión de la frontera
vertical.
Este
programa contemplaba la existencia de un grupo de personalidades, entre los que
destacaban el Alto
Representante de política exterior,
varios Comisarios europeos para la sociedad de la información, varios Comisarios de asuntos
exteriores y comercio, representantes de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), representantes de la Agencia de armamento de la UE,
representantes de las cuatro industrias militares europeas más importantes,
Thales, EADS, BAE Systems y
Finmeccanica, y cuatro representantes del ámbito de la electrónica y tecnologías militares y
civiles, como Ericsson, Siemens, Diehl e Indra (Hayes, 2006). Este grupo elaboró un
primer Informe en 2004, donde
se detallaban las amenazas a la seguridad europea: terrorismo, proliferación
de armas de destrucción masiva, conflictos regionales, crimen organizado e
inmigración ilegal. El informe concluía que la tecnología era indispensable para garantizar la
seguridad, estimando una dotación mínima anual de 1 000 millones de euros, con el
fin de desarrollar tecnologías para
financiar y coordinar la investigación en materia de seguridad (Comisión Europea,
2004). Establecía los vínculos existentes entre seguridad civil y seguridad militar,
aconsejando una colaboración estrecha
entre ambos sectores (Ortega, 2010). Paralelamente,
la Comisión Europea creó una junta
de consejeros compuesta por 50 miembros, entre académicos, instituciones, Europol (Agencia Europea
de Defensa), y siete asientos reservados a empresas militares. Se continuaron
creando nuevas plataformas
conimportantes
presupuestos, como el Foro Europeo para la Investigación e Innovación en Seguridad (ESRIF, por sus siglas en inglés: European
Security Research and Innovation Forum), dotado con 1 400 millones de euros; Organización Europea para la Seguridad
(EOS, por sus siglas en inglés:
European Organisation for Security), y Organización de Defensa Europea (ASD, por sus siglas en inglés: Aero Space and Defence Industries Association
of Europe) (Ortega, 2010).
En
la delgada línea que existe entre los intereses de la iniciativa privada y el
bien público, el Consejo de Dirección de la EOS eligió al director general de
Indra como su nuevo
presidente, entre 2013 y 2016 (Indra, 2013). Este grupo controla cerca de 5 000
km de fronteras
terrestres y marítimas de varios países en distintos continentes. También ha asumido la
implantación y puesta en marcha de
un Sistema Integrado de Vigilancia (SIVE), en la frontera marítima del Mar
Negro. El diseño del sistema que se ha implantado en Rumanía se basa en el
sistema de vigilancia exterior de fronteras marítimas que esta misma empresa ha
implantado en distintos tramos costeros de España y que se ha exportado a otros
países, como Portugal, Bulgaria, Polonia, Letonia o Hong Kong, tal y como
indica la propia compañía en su página web (Indra, 2017). Dicha línea de acción
sigue en vigor en el nuevo
programa Horizonte (2014). España recibirá de la UE 527 millones de euros para el
control de fronteras. Una parte se dedicará a la realización de obras de infraestructura del perímetro
fronterizo (Rodier, 2013). Indra, además, en colaboración con la Guardia Civil y junto con otros 29
socios de
12 países de la UE, coordina desde 2011 el proyecto Perseus, el cual pretende “mejorar la
vigilancia de mares y fronteras europeas
mediante el uso integrado de nuevas tecnologías
disponibles” (Rodier, 2013: 38).
Akkerman
(2016), en un reciente informe sobre inmigración, refugiados y seguridad en Europa, muestra las
siguientes cifras y tendencias: 1) se estima el mercado de la seguridad europea
en unos 15 000 millones de euros en 2015, y se prevé que incremente hasta
superar los 29 000 millones de euros anuales en 2022; 2) las exportaciones
globales de armas a Oriente Medio han aumentado en un 61 % entre 2006 y 2015.
Entre 2005 y 2014, los
Estados miembros de la UE otorgaron licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al norte de África por
un valor
de más de 82 000 millones de euros; 3) la
respuesta normativa europea a los refugiados ha traído consigo un incremento
del presupuesto, que beneficia a estas empresas de seguridad; 4) la
financiación total de la UE para
medidas de seguridad en las fronteras, a través de sus principales programas de financiamiento
es de 4 500 millones de
euros entre 2004 y 2020; 5) el presupuesto de FRONTEX, aumentó entre 2005 y 2016
de 6.3
millones de euros a 238.7 millones de euros; 6) a los nuevos Estados miembros de la UE se les ha
exigido que refuercen las fronteras,
como condición para adherirse a la Unión. El equipamiento adquirido o actualizado con dinero del Fondo para las
Fronteras Exteriores incluye 545 sistemas de vigilancia de fronteras, 22 347
elementos para la vigilancia
de fronteras y 212 881 elementos para el control fronterizo; 7) Finmeccanica y Airbus han sido las principales beneficiarias de
contratos europeos destinados a reforzar las fronteras. Airbus es, además, el principal beneficiario de los contratos de financiación
para investigación en seguridad.
Sus ingresos totales en 2015 ascendieron a 95 000 millones de euros. “Hoy en día tenemos un
complejo militar de seguridad
industrial que se está dirigiendo contra algunas de las personas más
vulnerables y desesperadas del planeta. Permitir que este complejo escape a
todo examen representa una amenaza para la democracia y para una Europa construida
sobre los ideales de la cooperación y
la paz” (Akkerman,
2016: 2).
Esta realidad deja
de lado, en la mayoría de las ocasiones, los DD. HH. de miles de personas (Xanthaki,
2016), a las que las paradojas de la economía global les lleva por una parte a iniciar un viaje hacia
al norte, con el fin de mejorar su vida; solo para encontrarse, por otra parte,
con el hecho de que los fondos invertidos por ese norte global se dedican más a
impedir su entrada, que a reconocer su estatus como sujetos con derechos
reconocidos por el Derecho Internacional y la convención europea de DD. HH.,
quedando atrapados en la frontera
vertical.
El
marco de los DD. HH. en la UE
Los
derechos humanos son pretensiones morales y reivindicaciones sociopolíticas que a lo largo de la historia han experimentado momentos de reconocimiento y
ampliación, producto de luchas y conflictos sociales, así como de transformaciones de
prácticas culturales y políticas que la sociedad occidental ha vivido en los
últimos dos siglos (Tilly, 2004; Hunt, 2009; Donelly, 2011). El derecho internacional
consuetudinario plantea un estándar mínimo de trato de todo ser humano, al que se denomina el núcleo
duro de los DD. HH. fundamentales, y que se encuentra recopilado en el artículo
3 de la convención de Ginebra de 1949,
recogido en los
posteriores instrumentos sobre derechos fundamentales (Gortazar-Rotaeche,
2013). Entre
otros enunciados se encuentran: el derecho a la integridad física y moral; el
derecho a no sufrir tratos crueles inhumanos
o degradantes
y; el derecho a la tutela judicial
efectiva
en la protección de dichos derechos básicos
(Soriano-Miras y col., 2016a).
La
perspectiva de los DD. HH. plantea que todos los seres humanos tienen estos
derechos básicos, porque se es humano independientemente de donde se viva o
quien se sea (Sjoberg y col., 2005). Los principios son universales, innatos,
irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e indivisibles, y es que el
moderno régimen de los DD. HH. se basa en el principio de que los mismos
trascienden la ciudadanía nacional (Gzesh, 2008). El artículo 13.2 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (NN. UU., 1948) plantea: “el derecho de todo ser humano a
abandonar su país de origen y regresar a él”; y el 14.1 se hace eco del: “derecho a buscar asilo en caso
de persecución y disfrutar de él en cualquier país”. Para este trabajo, interesa destacar
además, la ratificación por
parte de los países de la UE y Marruecos de la DUDH, y del pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales que conjuntamente con la anterior constituyen la carta de DD. HH. Pero,
¿cómo está aplicando la UE toda esta normativa (Bloomfield,
2016), teniendo en cuenta que la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad,
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (Perkowski, 2016) son valores consagrados
en los Tratados
de la UE?
A
través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos,
la UE apoya
a los grupos, asociaciones o particulares que defienden los derechos humanos,
las libertades
fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, para lo que dispone de un presupuesto
de poco menos de 1 333 millones de euros para todo el periodo 2014 a 2020 (y
para todas las iniciativas de la defensa de los DD. HH., más allá de la mera
movilidad de las personas), por lo que este resulta insuficiente. También es
importante destacar que la UE destina más recursos al control
de las fronteras que a la ayuda a refugiados (Puggioni, 2015).
La
acción para controlar las fronteras se ha centrado en medidas de disuasión
coercitiva (incremento del control fronterizo y externalización de la vigilancia
fronteriza), más que en una represión disuasoria (incremento del control
interno) o en una disuasión informativa
(López-Sala, 2015). Médicos Sin Fronteras denunció que desde 2015 sus equipos han rescatado a
más de 25 000 personas de embarcaciones en peligro. Independientemente de su
país de origen o de sus razones para tratar de llegar a las costas europeas.
Casi todas las personas rescatadas en el mar habían pasado por
Libia (MSF, 2015).
Marruecos
como frontera vertical construida desde
la política y
la economía
Ya sea en la
política o en su legitimación discursiva, a través de los medios de comunicación
(Suárez-Navaz, 2015), los debates sobre la gestión de la migración a menudo se
centran desproporcionadamente en los factores internos, tales como la
seguridad, e ignora realidades políticas y económicas cruciales en otros
lugares que son los que favorecen la desigualdad social que provoca la
migración. Pero, ¿qué está sucediendo en Marruecos en esta materia?
La
ruta migratoria de África a la UE, que FRONTEX denomina mediterráneo occidental (Marruecos-España),
tradicionalmente se ha
utilizado por nacionales argelinos y marroquíes que querían llegar a España,
Francia o Italia. Sin embargo, desde hace algunos años se ha incrementado el
número de personas que proceden del África subsahariana, impulsados hacia el
norte por los conflictos en Malí, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, Nigeria, Chad
y la República Centroafricana. En 2015, los sirios representaron la mayor parte
de las detecciones
en esta ruta (FRONTEX, 2017). Ante la imposibilidad que tienen los jóvenes de
migrar legalmente, por la dificultad para obtener los documentos requeridos, han optado por las vías ilegales de entrada a la UE, atravesando diferentes países, como
Marruecos (Nin y Shmite, 2016: 344)
(Figura 1).
El
gobierno marroquí actúa en connivencia con el gobierno español en su lucha
contra la inmigración irregular: “aun a despecho de posibles vulneraciones de la legalidad, como el
episodio del desalojo de los inmigrantes subsaharianos que habían llegado a
la Isla
de Tierra frente a la playa de Alhucemas en septiembre de 2013 o las devoluciones
en caliente” (Martin,
2014).
El 24 de junio de
2015, el diario Tel Quel, en su edición marroquí, denunciaba a través de las
declaraciones de un joven congoleño, residente en el barrio de Boukhalef
(Tánger), el cual se ha convertido en una de las zonas de mayor emigración del norte de Marruecos, que el verdadero
problema del barrio es la ausencia e incapacidad de la policía para actuar en casos de xenofobia. Asociaciones
como Promotora de Desarrollo Integral (PRODEIN) o Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) y organismos como Médicos Sin Fronteras que trabajan en
defensa de los DD. HH., afirman que: “se ha dicho muy poco sobre la extrema violencia con que las Fuerzas de Seguridad marroquíes y, en
menor medida, la Guardia Civil española, han respondido a los intentos de
entrar en Ceuta y Melilla (…) consecuencia directa de la ‘nueva etapa’ de las
relaciones hispano-marroquíes y la ‘excelente’ cooperación sobre cuestiones de
seguridad” (MSF, 2013). El 6 de febrero de 2014, tras un intento fallido del
cruce fronterizo por parte de 400 personas, unas 250 se dirigieron a la playa
del Tarajal para intentar pasar a nado, pero debido a la actuación de las
fuerzas de seguridad, perdieron la vida en el mar 15 personas. Las 23 que
sobrevivieron fueron devueltas de inmediato a Marruecos, lo que supone un incumplimiento de las
obligaciones contraídas en España, en virtud del derecho internacional y de la legislación de la UE y
española (Amnistía Internacional, 2014).
Tras el refuerzo
fronterizo de la UE, un importante “número de subsaharianos se ven atrapados en Marruecos,
sin poder proseguir su viaje hacia Europa, ni
regresar a sus países de origen (…) más de
la mitad llevan en Marruecos
pasados los seis meses; y más de una cuarta parte entre seis meses y un año”
(MSF, 2013)
y mientras tanto, todos esperan poder llegar al lugar garante
de los DD.
HH. –la UE-.
Mención
especial tiene la cuestión del tráfico y la trata de personas en cuanto supone
una vulneración sistemática de los DD. HH.: “El marco de sucesos globales de explotación cuyo
origen se pierde en el tiempo, saltando o adaptándose a cualquier
circunstancia histórica (…) y su importante presencia en el siglo XXI, significa
la conversión de una parte de la población en mercancía, con el fin de servir a
un lucrativo negocio global de explotación económica, laboral o sexual” (López-Sala y col.,
2011). Según la Asociación para
la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, (APRAMP, 2014), cada año entran en España
entre 40 000 y 50 000 jóvenes con fines de explotación laboral y sexual. Cerca
de la mitad son menores de edad. Es un negocio que mueve entre 7 billones de
dólares y 12 billones de dólares anuales (UNODC, 2010). Es el segundo negocio
clandestino del mundo en beneficios, después del tráfico de armas y por delante del tráfico
de drogas. En España, suponen 5 millones
de euros cada día, según el
Defensor del Pueblo (2012).
Women’s
Link (2014), ha documentado el caso de Nigeria: el envío de mujeres y
niñas a Europa a través de las redes, es
percibido y construido socialmente como una estrategia migratoria y de
desarrollo comunitario, por lo que no existe una condena social a los
tratantes. El coste de transporte al norte de África se encuentra cercano a los
1 000 euros. Una vez iniciado el viaje, las mujeres quedan a disposición de las
redes,
variando su estrategia de supervivencia antes de llegar a Europa, atrapadas en la frontera vertical.
No les permiten ejercer la prostitución en Marruecos, pero sí las obligan en
Libia. Mientras en el primer caso no es rentable, en el segundo sí. Si una
mujer queda embarazada durante el trayecto migratorio, será la red quién decidirá qué hacer en función de las circunstancias
geopolíticas
del país donde se encuentre, los países de tránsito y del país a donde se quiere llegar. Como
las deportaciones desde España e Italia son frecuentes, el hecho de llegar
embarazada puede ser una ventaja para la red, por lo que en algunos casos será conveniente que la
mujer continúe con el embarazo,
al ser más fácil que le permitan la
entrada en la UE; pero en otras ocasiones la llegada de un hijo(a) podría ser vista como una carga económica para la
red, por
lo que la obligaría a
abortar. También pueden embarazarla intencionalmente durante el trayecto, ya
que esto podría facilitar la entrada de ella y (posteriormente) la del padre de
su hijo(a), sin embargo, la red le puede provocar un aborto después, con el fin de que quede
embarazada de otro hombre
(más favorable
para la transacción económica que le permita entrar en la UE), y todo ello en un breve
intervalo de tiempo.
Todos
estos ejemplos evidencian que la mujer, y particularmente su cuerpo, es tratada como mercancía. Las
mujeres que son deportadas sin haber pagado la deuda son estigmatizadas en su
país por haber vuelto empobrecidas y haber ejercido la prostitución en Europa, por lo que la
probabilidad de que vuelvan a buscar las redes aumenta. En este punto, la
frontera vertical oficial y extraoficial emergen como realidades
interconectadas (Hernández, 2015), que provocan que las mujeres migrantes
desarrollen estrategias que les permitan
superar los obstáculos de dichas fronteras
de manera simultánea.
El
papel de los países del norte de África y concretamente el del país marroquí en
la contención de la migración es
altamente
complejo, al moverse en una
geopolítica asimétrica muy inestable. Marruecos pretende mostrar una imagen de un país
garante del respeto por los
DD. HH., comprometido con las instituciones democráticas; pero las continuas
denuncias de asociaciones de DD. HH. sobre las diferentes acciones ejercidas contra los
migrantes, dificultan que esta representación social tenga el éxito necesario. Por
ejemplo, desde 2014, se han incrementado las redadas en las comunidades de migrantes
subsaharianos, y concretamente
en aquellos barrios marginales
de Rabat, Casablanca, Fez y Tánger. Los migrantes arrestados en estas
acciones “incluidos refugiados,
solicitantes de asilo, mujeres embarazadas y menores, son conducidos en masa
hasta la frontera y expulsados a tierra de nadie, en una zona entre Oujda
(Marruecos) y Maghnia
(Argelia)” (MSF, 2013).
Marruecos
está sumido en un complejo proceso económico a dos velocidades. Mientras las
cifras macroeconómicas inciden en que el país ha incrementado su Producto
Interno Bruto (PIB)
per
cápita en un 8.2 % desde 2010, según los indicadores internacionales de Desarrollo Humano
publicados por el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP, 2015), la desigualdad social
no para
de crecer, pues aunque el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha mejorado en un
0.7 % entre 2009 (0.621) y 2014 (0.628), al ajustar por desigualdad (IDHD) se
produce una pérdida del 29.7 %, situándose en 0.441 (UNDP, 2015). La desigualdad en materia educativa aparece como
un serio problema al ubicarse en 2014 en un 0.253 (UNDP, 2015). Según el Índice de
Percepción de la Corrupción, que clasifica a los países en función de lo corrupto que se percibe el
sector público,
Marruecos ocupa la posición 88 entre 177 (Transparency Index, 2015). La política
económica dirigida a incentivar la atracción
de inversión directa extranjera, que ha llevado el país en los últimos años, ha dado su fruto.
En 2015, Marruecos atrajo 3.6 mil millones de EUR de IED, esencialmente en el sector industrial (ICEX, España, Exportación e
Inversiones, 2016). Una de las consecuencias directas de esta política
económica
ha sido la atracción de mano de obra
barata, pero que no ha tenido los efectos sociales positivos que se preveían
para este país. Y es que a pesar de los esfuerzos de reducción de la pobreza en Marruecos, su IDH sigue situándose por
debajo de la media mundial (0.694) y el
promedio
de los países árabes
(0.652) (Informe sobre Desarrollo Humano, 2014).
Esta situación ha sido
provocada, en parte, por la implementación de los Programas de Ajuste Estructural promovidos por
el Banco
Mundial (BM) y el FMI (Fondo Monetario Internacional) (Soriano-Miras y col., 2015). En el año 1975
el FMI no tenía una línea
de crédito con Marruecos. Sin embargo, 10 años después, los préstamos a Marruecos ascendían a 1 274
millones de dólares. En 2014, se situó en algo más de 813 millones de dólares.
El FMI mantiene en la actualidad
la concesión de una línea de precaución y liquidez de 5 000 millones de euros. Por su parte el
crédito del BM, en el año 1975, era algo más de 275 millones de dólares, pero este se
ha ido incrementando desde entonces. “El compromiso financiero medio del BM con Marruecos ha
aumentado más de un 300 % en la última década (el volumen total de fondos
comprometidos por el
BM en Marruecos asciende a 5
millones 908 mil dólares con 92 centavos), respecto del periodo equivalente anterior en que el volumen
total de fondos sumaba 1 millón 854 mil dólares con 52 centavos” (ICEX, España, Exportación e
Inversiones, 2016). En cuanto
a la deuda pública esta se situó entorno al 63.2 % del PIB en 2014 (Ministerio de AA.EE., 2016).
Sklair
(2003), señala el cambio cualitativo que ha supuesto pasar del capitalismo de un sistema internacional
a uno global, donde las corporaciones transnacionales se desvinculan de
territorios específicos y se transforman en globales. Pero como afirma Sassen (2015: 102), no se plantea que:
“los países ricos, las empresas globales y las organizaciones internacionales hayan
conspirado por mucho tiempo
para debilitar a los países pobres”, sino que atendiendo a la historia, “que se inició en
la década de 1980 con los programas de reestructuración, esos programas debilitaron y empobrecieron a los gobiernos
nacionales”.
En
el sur global, las interacciones entre rendimientos crecientes en la empresa
manufacturera, costes de transporte y movilidad de los factores, están causando
la aparición de aglomeraciones espaciales que sirven de nichos laborales y vitales
a la población que se desplaza del sur al norte, y que como con-secuencia del cierre
fronterizo, fomentado desde la política y retroalimentado por algunos sectores
de la ciudadanía, se ven obligados a permanecer en estas aglomeraciones (Soriano-Miras y col.,
2016a), consolidando la existencia de las fronteras verticales. En Marruecos,
Tánger se perfila como el destino privilegiado de la movilidad residencial, al que
le sigue Casablanca (Trinidad y col., 2015). El punto de partida hacia la región
se encuentra diseminado. Estos itinerarios no siguen siempre una línea directa desde los lugares de
nacimiento, sino que, en
ocasiones, incluyen etapas intermedias que tienen lugar en otros ámbitos urbanos
(Rabat, Marrakech, entre
otros) (Capote, 2014: 244-245). Los migrantes internos e internacionales se encuentran atrapados
en la frontera
vertical.
En este nuevo
escenario, las grandes corporaciones transnacionales, tanto las manufactureras como las
financieras, dictan las condiciones
que le son más ventajosas y que los Estados aceptan para atraer la inversión
extranjera (Hennebry y col., 2014). Los incentivos a la inversión son ampliamente utilizados por los
gobiernos como política de atracción de
inversiones,
pese a las críticas persistentes de que son económicamente ineficientes y conducen a la asignación indebida de fondos
públicos
(UNCTAD, 2014).
Tsoukalis
(2014), plantea que la crisis económica actual ha puesto de relieve las
limitaciones del poder político contra una economía sin fronteras, que suele
ser la que dicta las normas. Marruecos no se aleja de esta tónica. El país ha
firmado 66 tratados bilaterales
de inversión, desplegando esfuerzos para posicionarse como país atractivo para
la industria de exportación
(Oxfam Intermon, 2014). La IED recibida experimentó un crecimiento del 8.6 % en 2014, alcanzando
los 3 582 millones de dólares, y consolidando la tendencia positiva de los
últimos años. No obstante, un año
más tarde, a consecuencia de los
efectos de la crisis económica, se percibe un descenso de la IED recibida, alcanzando los
3 266 millones de dólares en
dicho periodo, según datos del Haut Commissariat au Plan (Alto Comisariado de Planificación) (Ministerio de AA.
EE., 2017), lo que no significa que la IED haya dejado de tener efectos positivos en los datos macroecononómicos del
país. Algunas de las empresas más prominentes del sector automotriz, como
Renault, se
han establecido en el país con una importante base de producción, realizando grandes inversiones en su
planta en la ciudad de Melloussa, cerca de Tánger, donde fabrica coches de bajo coste con la marca Dacia. Otro importante sector en auge es la
industria aeroespacial, que ya
ha recibido la atención de importantes empresas multinacionales como Boeing, Safran, Airbus, Bombardier y
United Technologies.
Otras
empresas internacionales que realizan actividades en Marruecos, son Delphi,
Leoni, Dell,
GDF Suez, y Total. También el grupo INDITEX se encuentra ubicado en el país, siendo la segunda
plataforma de producción del textil más importante después de China. La multinacional
cuenta en su cadena de proveedores con 249 fábricas y talleres en Marruecos, que
emplean a 64 501 trabajadores, fundamentalmente
en la zona de Tánger y Casa blanca, según los datos de su última memoria anual
presentada, correspondiente al ejercicio 2014
(Grupo INDITEX, 2015).
Pero este proceso
no tiene en cuenta, en la mayoría de las
ocasiones, los problemas a los que se enfrentan los trabajadores como
consecuencia de sus precarias condiciones laborales (Human Right, 2008; Social
Watch, 2010). Debido a que la globalización centra su interés en procesos
macrosociológicos, descuida la forma en cómo estas se desarrollaron en los
niveles micro, olvidando a los sujetos que representan la otra cara de la
globalización (Robertson, 2000; Soysal, 2000). La precariedad en la vivienda, y
los problemas educativos y sanitarios, están generando situaciones de miseria y
de desesperanza social, que favorecen el planteamiento de estrategias de procesos migratorios
internacionales por motivos
laborales (Saprin, 2002).
En
el periodo 2005 a 2012, la tasa de alfabetización de adultos no superaba en
Marruecos el 70 %, siendo la tasa de abandono escolar en educación primaria cercana al 10 % (Human Right, 2010).
Pero, si el sistema apunta a
la necesidad
de disminuir la desigualdad educativa, para conseguir un mayor bienestar
social, paradójicamente, se rompería con uno de los mayores atractivos que para las empresas tiene
deslocalizar su producción en un
país como
Marruecos, como lo es el coste laboral.
Tras
años sin alcanzarse un acuerdo sobre legislación laboral, el 8 de junio de 2004 se aprobó el Código de
Trabajo marroquí, que se
encuentra en vigor en la actualidad. Pero, aun siendo conscientes del
avance que supuso en materia
laboral, la presencia de condiciones
laborales contrarias a la legislación continúa siendo habitual entre los
obreros. Diversos estudios, como los desarrollados por Comercio Justo (2015) o
la Campaña Ropa Limpia (Sales y
Piñeiro, 2011), ya habían mostrado que la inaplicabilidad de la legislación
laboral es algo usual entre las empresas de confección. Los mismos resultados son arrojados por Naïr y El-Khamlichi
(2016), en
el caso de las mujeres trabajadoras de la rama de alimentación; por Trinidad y col. (2015) y Soriano-Miras y col. (2016b), en
el caso de la confección y la automoción. Y
es que el incremento del nivel educativo de
la población ayudaría a disminuir la desigualdad, pero también se perdería el
ejército de reserva para trabajar en dicha industria. El margen de maniobra de
la ciudadanía es escaso: o asume estas condiciones o emprende una migración hacia
el norte, pero entonces se encontrará con una frontera semicerrada que pone el acento
en la seguridad, impidiendo el paso,
consolidando la frontera
vertical.
Marruecos
también inició un proceso de regularización de la inmigración a principios de 2014. Si
bien, estaba previsto que entre 25 000 y 40 000 personas regularizaran su situación, poco menos
de 6 000 lo hicieron. Sólo el 32 % de las demandas registradas fueron aceptadas,
elevándose a casi 18 000 las personas de 101 países que iniciaron los trámites. Pero, Marruecos también tiene
muy presente la cuestión del Sahara
Occidental, donde existe el problema de autodeterminación, habiéndose vulnerado los
DD. HH. (Boukhari, 2004
y Szmolka, 2013)
En
marzo de 2014, Marruecos consiguió que Senegal apoyara la causa marroquí sobre
el Sahara occidental, al igual que Camerún. No obstante, existe una amplia
mayoría de senegaleses y cameruneses en la frontera norte esperando para cruzar a Europa. Para ambos
países
puede ser difícil apoyar la posición de Marruecos sobre el Sahara, cuando la ciudadanía y
las autoridades agreden a su
población de manera sistemática. La frontera vertical en África se hace
realidad a través de los
datos presentados.
CONCLUSIONES
La
política de securitización de la Unión Europea (UE), la creación de un complejo industrial de
seguridad y el fomento de la inversión extranjera directa, practicada por
el sur (en connivencia con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) han
provocado que Marruecos se convierta en una frontera vertical, imposibilitando que
la población del sur global llegue al norte. El papel de Marruecos no es fácil.
Por un lado, se ve obligado a demostrar
su compromiso con los Derechos Humanos (DD. HH.) y laborales de la población, pero si incrementa estos estándares
perderá su posición de privilegio en sus relaciones eco-nómicas y políticas con la UE. Por su parte, Europa se erige como garante de los DD.
HH., pero
debe responder
a la contradicción que plantea el cierre fronterizo, tan férreo, como el que está practicando
en la actualidad, que dificulta
no sólo la llegada de inmigrantes económicos sino también de refugiados y su
posterior reasentamiento. Para responder a dicha disyuntiva, la UE (gobernanza y
una amplia base social ciudadana) invisibiliza el sur, contribuyendo a
consolidar la frontera vertical mencionada. Es necesario que la UE, junto con Marruecos, tome decisiones que
permitan retrotraer las
consecuencias que la gobernanza en
materia migratoria está teniendo, para evitar el incremento de las muertes en
el Mediterráneo, disminuir el creciente malestar de la frontera vertical
marroquí y fomentar el incremento
de los estándares de vida de la ciudadanía global. Todo ello se conseguirá
cuando la migración
poblacional sea un movimiento residencial
voluntario que permita una mejora en la
calidad de vida, y no sea percibida como una amenaza latente a la
seguridad y a la economía.
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